La Junta de Extremadura ha valorado que el Gobierno dé un primer paso en la reforma del sistema de financiación autonómica, con la elaboración de un informe técnico en el que se prioricen las necesidades de gasto de las autonomías y con el que se inicia la negociación y el debate para establecer un modelo que sustituya al actual, caduco desde 2014.
Según la Junta, en este documento se recogen las bases esenciales del sistema actual en lo referido al cálculo de las necesidades de gasto de las autonomías, que se constituirán a partir del análisis de los factores poblacionales determinantes de cada región.
El informe analiza indicadores básicos definidos en cuatro grandes bloques competenciales: sanidad, educación, servicios sociales y el resto de servicios públicos.
El cálculo de las necesidades incluirá, además, la incidencia sobre una serie de variables, unas de ámbito demográfico – con atención a la dispersión, el envejecimiento, la despoblación o la población protegida- y otras de índole económica – en función de los niveles de renta y de precios, así como la posible existencia de costes fijos o de economías de escala.
La Junta ha subrayado que este informe inicial será estudiado con detenimiento y profundidad, dada la extensión y complejidad del documento técnico enviado por el Ministerio de Hacienda, y sobre el que las autonomías pueden realizar aportaciones hasta el próximo mes de enero.
Para este fin, y “como es habitual desde que se inició el debate sobre esta materia”, el Ejecutivo extremeño ha reiterado “su compromiso con el consenso y el diálogo con los grupos parlamentarios” para analizar el documento y defender la postura más beneficiosa para los extremeños.
En ese sentido, recuerda que Extremadura defiende que el nuevo sistema valore el coste de los servicios públicos que las comunidades autónomas prestan a sus ciudadanos y que dote de los recursos para prestarlo.
Asimismo, debe asegurar el papel del Estado como garante de los principios de igualdad, equidad y suficiencia, ya que son los ciudadanos, y no los territorios los sujetos pasivos de los tributos y los beneficiarios de los servicios públicos.
El sistema de financiación debe postular la equidad y la solidaridad frente a la ordinalidad, y asegurar el equilibrio entre lo que necesitan y pueden aportar los ciudadanos de las distintas regiones de España, concluye el Gobierno extremeño en su nota.