Menos burocracia, plazos más cortos y trabajo por proyectos en lugar de competencias en la Administración. Esa es la receta que ultima la Junta de Extremadura para intentar atraer inversiones privadas en un escenario “lleno de oportunidades”, marcado por el dinero de los fondos de recuperación y el nuevo Programa Operativo europeo, gracias al cual la comunidad contará con 500 millones de euros más que con el actual, ha explicado este miércoles el presidente, Guillermo Fernández Vara.
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley de Racionalización y Simplificación Administrativa, que, según Fernández Vara, “pone a Extremadura a la vanguardia” de la legislación en esta materia, puesto que uno de sus principios es el de “mínima intervención de la Administración”. Esto se traduce en la eliminación del proceso burocrático para solicitar permisos y licencias por un único acto administrativo: la declaración responsable del ciudadano o empresario.
En el proyecto se han incluido 31 actos que serán los primeros en acogerse a esta comunicación única, pero se irán incorporando nuevos, según el presidente. “Es un gesto de confianza en la ciudadanía, que parte del papel del Estado como servidor”, ha afirmado, aunque la Administración tendrá que comprobar posteriormente la veracidad de la declaración responsable.
También se elimina el formulario de altas a terceros, necesario hasta ahora para que la Administración reconozca los pagos de sus obligaciones a través de los bancos con empresarios o ciudadanos.
Otro de los “principios” de la nueva normativa, que ha explicado Fernández Vara, es el “trabajo por proyectos y no por competencias” en la Junta de Extremadura. De esta forma se han trabajado diversas inversiones en la región, como las que tienen que ver con las energías renovables. Consiste en crear unidades administrativas provisionales en la que participen distintas Consejerías de forma que sea posible la tramitación conjunta y la gestión coordinada de los proyectos empresariales.
A juicio de Fernández Vara, este aspecto tendrá consecuencias en la configuración de los futuros gobiernos autonómicos y en la planificación de los recursos humanos de la Junta, ya que se esperan numerosos “procesos de jubilación entre los empleados públicos y podemos ver qué perfiles son necesarios para esta nueva forma de trabajar”
Todo esto facilitará el cumplimiento de la última línea destacada por el presidente extremeño: la futura ley establecerá un plazo máximo de 10 días para que la Administración emita los informes y dictámenes necesarios para la puesta en marcha de las inversiones y que estos se realicen de forma simultánea. El periodo máximo de notificación no podrá exceder los tres meses.
Fernández Vara se ha mostrado convencido de que la ley se replicará en otras comunidades autónomas y ha insistido en que se trata de “aprovechar las nuevas oportunidades, que no podemos perder por rutina, papeles y burocracia”. En este sentido, ha recordado la Ley para una Administración Más Ágil y la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible, que ya iniciaron este camino de simplificación para impulsar la actividad empresarial en Extremadura.