Extremadura expropiará las explotaciones de litio que rechacen transformarlo y dejar sus beneficios en la región

La Junta de Extremadura expropiará, para sacar a concurso público, las explotaciones mineras de litio que rechacen que el tratamiento del mineral una vez extraído y sus beneficios se queden en Extremadura. Es la principal novedad del proyecto de decreto-ley que este miércoles ha aprobado el Consejo de Gobierno para declarar este recurso de interés general.

Las empresas que no acepten esta obligación no obtendrán el permiso de explotación y esos yacimientos y sus instalaciones saldrán a concurso público por su interés social. Los proyectos que sí acepten las condiciones obtendrán la calificación de Premia y podrán beneficiarse de un proceso burocrático más ágil y de ayudas públicas

El texto pasará ahora a la Asamblea, donde ya en septiembre se espera su aprobación, algo que el Gobierno autonómico tendrá resuelto, puesto que el PSOE tiene mayoría autonómica en esta Cámara.

La consejera de Transición Ecológica, Olga García, ha explicado tras el Consejo de Gobierno que se trata de un decreto-ley de medidas urgentes, puesto que se aplicará a todos los expedientes relacionados con el litio que están en trámite y no se han resuelto. En concreto, la Junta tiene 14 expedientes en tramitación. De ellos, seis están resueltos pero se refieren a permisos de investigación -entre ellos el de la polémica mina de litio en Cáceres-, y de los otros restantes se tramitan 7 permisos de investigación y un permiso ya de explotación, el de la mina de Cañaveral, también en la provincia de cacereña.

Según García, el decreto-ley nace por la “necesidad derivada de la coyuntura internacional del litio y su volatilidad, en la que incide la invasión de Ucrania, y dado también que se trata de un mineral esencial para la implementación de la movilidad eléctrica y el desarrollo del almacenamiento energético”.

El litio es una de las materias primas fundamentales, según la Unión Europea, por lo que Extremadura ha querido proteger su explotación y transformación de esta manera, ha explicado la consejera de Transición Ecológica, que ha calificado el decreto como una “medida de intervención” que se ya recoge en la legislación minera. Además, García ha recordado que Portugal también dispone de un reglamento similar, que obliga a las empresas a que la transformación del litio extraído en ese país se quede en el territorio.

“Extremadura avanza en ese mismo camino para potenciar la permanencia de los beneficios económicos, fiscales y de empleo” en la región, ha afirmado la consejera, que no obstante, ha destacado que, debido a su “carácter pionero” se ha tenido en cuenta que la legislación estatal no está adaptado al régimen constitucional de distribución de competencias. Pero la Junta entiende que la potestad de intervención administrativa que la Ley de Minas atribuye al Estado para obligar al concesionario a realizar un aprovechamiento que favorezca el interés general “puede ser ejercida por Extremadura”.