La Junta de Extremadura ha decidido pagar con sus Presupuestos al menos parte del ‘impuesto al sol’ que el Gobierno de Rajoy ha puesto desde hace un año a los usuarios de placas solares para producir electricidad y consumirla, que cuando se les agota esa energía y tienen que tirar de la red eléctrica general, han de pagar por ello.
El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este viernes una orden que convoca las ayudas para instalación de energías renovables por parte de particulares en sus viviendas, municipios y entidades locales menores en sus dependencias, y por parte de empresas y autónomos en sus actividades económicas.
La orden, consecuencia de un decreto autonómico regulador recién aprobado, y que cambia las condiciones del último de este tipo emanado en mayo de 2015 del Gobex del PP, está dotada con un presupuesto de 4,388 millones de euros que “queremos agotar”, ha declarado el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis Navarro, en la presentación de las medidas.
Una decisión que, añade, tiene el sentido de extender el concepto de energías renovables al uso particular, doméstico y de pequeñas empresas, para no limitarlo al de grandes firmas que usan el sol generalmente para producir electricidad como negocio “que es legítimo, y que es de lo que hablamos normalmente aquí en Extremadura, las grandes termosolares o fotovoltaicas”.
Con esta orden, cuyo plazo de solicitudes empieza mañana y durará cuatro meses, la Junta subvencionará hasta el 45% del coste de instalaciones solares fotovoltaicas (producen electricidad), solares térmicas (agua caliente), biomasa para agua caliente, biogás (residuos orgánicos para producir gas combustible), geotermia y aerotermia.
La gran novedad respecto a la convocatoria anterior, que transcurrió entre mayo y noviembre de 2015, es que se incluyen las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo conectadas a la red en caso de necesidad; es decir, las concebidas para suministrar la energía necesaria pero susceptibles, en caso de que no la haya, de conectar la vivienda o la nave industrial a la red general eléctrica, y que por eso según el Gobierno del PP tiene que pagar un tributo, un caso “único en el mundo” según el consejero Navarro.
Las líneas de subvención de esta orden son tres según el beneficiario: personas físicas o comunidades de viviendas en propiedad, para instalar fotovoltaica en autoconsumo o aislada de la red, y también biomasa para calentar agua, y la segunda línea es para municipios y entidades locales menores que pongan en sus dependencias fotovoltaica conectada o aislada.
Empresas y autónomos
La tercera línea es la más amplia por el tipo de instalaciones que permite, y va enfocada en exclusiva a empresas, agrupaciones empresariales, autónomos o proveedores de servicios energéticos. En estos casos se subvenciona la biomasa para calor, la solar térmica que genera también calor, la fotovoltaica conectada a la red o aislada (esto último es más raro, y suelen ser instalaciones agropecuarias), el biogás (novedad) para producir mediante residuos agrícolas o ganaderos gas combustible, la geotermia (aprovechar la temperatura del suelo para climatizar edificios), o la aerotermia.
El decreto y la orden reguladores fijan unos topes de referencia del coste de la instalación, en relación al kilovatio de potencia (por ejemplo para personas en sus viviendas, régimen autoconsumo, 5 kw), y la subvención cubre entre el 30% y 45% en función del tipo de beneficiario.
Por ejemplo, según ha explicado el consejero Navarro, para una vivienda unifamiliar adosada de las que se han hecho en los últimos años, una instalación de 2 kilovatios de potencia costaría 5.000 euros ponerla como máximo subvencionable, y en ese caso la Junta ayudaría con el 40%, es decir 2.000 euros, que se ampliarían a 8.000 si la instalación incluye baterías acumuladoras que resulta más caro.
El responsable de Economía e Infraestructuras en el Gobierno de Fernández Vara, José Luis Navarro, ha señalado que es una paradoja la “gran aceptación social” que tienen las energías renovables, y sin embargo la “alianza de hecho” entre los Ejecutivos de Rajoy que vienen de hace cinco años, con las grandes empresas eléctrica, que “controlaban la producción y ven el autoconsumo como una amenaza a su negocio”.
Unas corporaciones que defienden “sus intereses y su cuenta de resultados”, que “es lógico, pero lo que no resulta comprensible es que hayan encontrado la complicidad del Gobierno del Partido Popular, todas cuyas decisiones son anti energías renovables”; unas decisiones que “con el nuevo juego de mayorías parlamentarias desaparezca, empezando por la derogación del impuesto al sol”.
Navarro ha resaltado sobre estas medidas extremeñas que, como es obvio, contribuyen a reducir la emisión de gases efecto invernadero y por tanto a combatir el cambio climático.