La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha valorado que los tribunales hayan confirmado que el Gobierno debe devolver a las comunidades autónomas la parte proporcional del IVA de 2017, fruto de una modificación normativa realizada el año anterior, y que en el caso de Extremadura se sitúa alrededor de los 86 millones de euros.
Además, Blanco-Morales ha recordado que Extremadura ya reclamó este dinero, que el “Gobierno del Partido Popular había sustraído a las comunidades autónomas”.
La vicepresidenta ha mantenido que, una vez resuelta la vía judicial, la región no renuncia a la devolución de lo que le corresponde del IVA, pero aboga por que esta cuestión se resuelva desde “el diálogo, la cooperación y la construcción de la mejor solución para el país, para Extremadura y para los extremeños”.
Por otro lado, y sobre la posible reforma fiscal nacional, la vicepresidenta y consejera de Hacienda ha mantenido que lo primero es determinar a qué se quiere destinar los recursos públicos y cuánto cuesta prestarlos para después establecer cuáles deben ser las contribuciones de los ciudadanos.
Según ha explicado, la Junta de Extremadura defiende que la reforma debe ser equitativa, redistributiva, solidaria, que atienda a la sostenibilidad del Estado del Bienestar y que se aborde desde la perspectiva de las necesidades de los servicios públicos esenciales que prestan las comunidades autónomas y la Administración General del Estado a los ciudadanos.
“Una máxima que debe aplicarse igualmente a la reforma del Sistema de Financiación Autonómico, y en la que se debe definir a qué se van a destinar los ingresos y qué ingresos se necesitan para que el bienestar sea sostenible antes de hablar de los detalles o puntos concretos de la reforma”, ha subrayado, y también ha añadido que “en esa reflexión y debate, Extremadura ha planteado y planteará sus propuestas en línea con los compromisos alcanzados” en el pasado debate sobre el estado de la región.