PP y Vox bajan impuestos en Extremadura, e incluso eliminan algunos, y al mismo tiempo reclaman más dinero al Gobierno central por la pérdida de recaudación motivada por las rebajas fiscales que el Ministerio de Hacienda puso en marcha para combatir la inflación y las consecuencias de la guerra en Ucrania en los bolsillos de los contribuyentes.
En concreto, la Junta de Extremadura ha presentado un requerimiento previo al recurso contencioso administrativo para que se anule o revoque la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómico del ejercicio 2021 con otra liquidación sustitutiva en la que se computen los 19,5 millones de euros que la comunidad ha dejado de ingresar tras por la “decisión” del Gobierno de bajar el IVA y suspender el impuesto especial sobre la electricidad, ha explicado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Victoria Bazaga, este martes tras la reunión del consejo de gobierno.
La Junta recuerda que en el ámbito de la fiscalidad energética se estableció una rebaja del 21% al 10% del IVA aplicable a determinadas entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica. Más tarde, para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad, se redujo el tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la electricidad (IEE) del 5,11% al 0,5%.
De estos dos tributos, las comunidades autónomas disponen del 50% del rendimiento del IVA y el 100% del rendimiento del IEE, y, por lo tanto, la puesta en marcha de las medidas, que están prorrogadas hasta finales de este año, ha supuesto “una disminución de los ingresos tributados”.
Participar en los nuevos gravámenes
Por otro lado, el Gobierno extremeño de PP y Vox argumenta que el Ministerio de Hacienda aprobó a finales del año pasado una ley con tres nuevo gravámenes y “el Estado se está quedando con toda la recaudación y no reparte los ingresos obtenidos entre las comunidades autónomas”, pero tampoco “ha arbitrado ninguna medida para compensar el impacto de las mismas sobre los recursos del sistema de financiación autonómica”. Se trata del gravamen temporal energético que pagan las empresas del sector en función de su cifra de negocios, el gravamen temporal a las entidades de crédito y el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas.
Pero al mismo tiempo que la Junta de Extremadura reclama más dinero al Gobierno “porque tiene que atender muchos gastos y a muchas personas”, según la portavoz, ha puesto en marcha una rebaja fiscal con carácter retroactivo a enero de 2023 que supondrá un coste para las arcas autonómicas de unos 65 millones de euros: 42,4 millones por la reducción del IRPF, más de cuatro millones de euros por la eliminación del impuesto a los grandes propietarios de viviendas vacías y unos 100.000 euros por la rebaja del impuesto de matriculación, que afecta sobre todo a los más caros del mercado, entre otras medidas que incluyen del decreto-ley.
Entre ellas, la Junta de Extremadura está dispuesta a perder seis millones que hasta ahora recaudaba por el impuesto de Patrimonio. Este tributo, que solo pagaban las personas con rentas superiores a los dos millones de euros, desaparece. Sin embargo, PP y Vox reclaman al Ministerio de Hacienda el dinero por la recaudación del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, que afecta a las rentas netas superiores a los tres millones.
Estas medidas fiscales son solo un primer paquete de la reforma más profunda que planifica el Gobierno de María Guardiola en Extremadura y que viene recogido en el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox. Para el próximo año se prevé la reducción del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y la eliminación sucesiones y donaciones “para la mayoría de los constribuyentes”.
Además, la Junta también quiere impulsar rebajas en tasas y precios públicos para la caza y la pesca, las instalaciones en viviendas y para actividades agroalimentarias y agropecuarias.