La Unión de Consumidores de Extremadura (UCEx) reprocha que Iberdrola ha trasladado el coste del bono social a sus clientes “sin previo aviso, de forma unilateral”, lo que supone un incremento de la factura.
En un comunicado, UCEx ha explicado que la financiación del bono social eléctrico cambió el pasado mes de abril, ya que se aprobó un nuevo modelo que repercute el coste “no solo en las comercializadoras si no en toda la cadena de suministro de electricidad”.
“Salvo error, ya que no han facilitado información a sus clientes, -Iberdrola- no han descontado previamente lo que cobraban ya al consumidor con el método antiguo”.
A su juicio, “es lamentable que el bono social eléctrico sea utilizado por las eléctricas para añadir más desorden a la factura, incrementando los costes del servicio eléctrico para los consumidores”.
Hasta ahora, ha explicado, la financiación del bono social recaía únicamente en las comercializadoras, pero una sentencia del Tribunal Supremo ha declarado que no se puede seguir aplicando el modelo vigente desde 2016.
Tras la publicación del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo , se ha establecido un nuevo mecanismo de financiación del bono social, que será asumido por los sujetos que participan en las actividades de la cadena de suministro de energía eléctrica -distribuidoras, comercializadoras, empresas generadoras…-.
“Las reacciones a esta nueva norma han sido realmente rápidas y compañías como Iberdrola se han apresurado a trasladar directamente ese coste a sus clientes”, sigue criticando.
En las oficinas de la Unión de Consumidores de Extremadura ya han recibido las primeras consultas de clientes de Iberdrola que han visto en su factura un nuevo concepto, Financiación Bono Social, con el que se les cobra un importe “diario” para hacer frente al bono social de 0,03 euros al día, un montante final de 11,15 euros al año más impuestos.
UCEx ha explicado que, hasta ahora, Iberdrola, al igual que el resto de compañías, integraba en el monto de su factura el coste que les suponía la financiación del bono social.
Pero ahora ha optado por reflejarlo por separado en su factura, al considerarlo como un nuevo coste regulado que debe pagar el consumidor, “sin que ello afecte a un cambio de condiciones en el contrato que mantiene con su cliente, entendiendo que no está obligada a comunicarlo a consumidor con previo aviso”, ha señalado UCEx.
Sin embargo, la Unión de Consumidores de Extremadura ha considerado que el derecho a la información del consumidor no puede ser vulnerado e Iberdrola debería de haber informado con previo aviso a sus clientes.
Es decir, haber detallado que este modelo de financiación ha reemplazado al antiguo, “lo que debería conllevar -ha indicado UCEx- un ahorro de costes que es trasladado igualmente a la factura del consumidor, descontando previamente la rebaja de costes con la anulación del modelo anterior, y aplicando esta rebaja al coste del servicio del consumidor”.