La Mesa General de Negociación de Administración Pública de Extremadura ha planteado a los sindicatos una oferta pública de empleo (OPE) 2017 de 1.111 plazas para la administración general, el profesorado, el Servicio Extremeño de Salud y de promoción interna.
Fuentes sindicales han traslado su desacuerdo con esta oferta, que a su juicio debería alcanzar al menos las 1.800 plazas para cubrir todas la plazas vacantes que existen en la actualidad, como consecuencia de las consecutivas tasas de reposición establecidas por el Gobierno.
Este viernes se ha celebrado una reunión de Junta y sindicatos, en la que la administración regional ha trasladado que la oferta pública de empleo 2017 para la administración general es de 193 plazas, de las que 103 serían de funcionario y 90 de laborales. Mientras, la oferta para el profesorado de Secundaria asciende a 339 plazas, y las del Servicio Extremeño de Salud a 448. Además habría 131 de promoción interna: 106 en el SES y 25 en administración general.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha puesto de manifiesto que el número de plazas disponibles es el máximo legalmente permitido. Además de la oferta de empleo para el año 2017, se ha establecido que en el horizonte de tres años de convocatoria, se publiquen nuevas plazas.
En cuanto al acuerdo sobre estabilidad en el empleo, la titular de Hacienda, ha apostado por la creación de un calendario, con el fin de garantizar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos, atendiendo a la mejora de la situación y de las condiciones de los empleados públicos.
Subida salarial del 1%
Por otro lado la mesa ha acordado la subida salarial de funcionarios y empleados públicos del 1%, cantidad máxima permitida por la Ley General de Presupuestos del Estado para 2017. La consejera ha indicado que dicho incremento salarial supone un gran esfuerzo para la comunidad autónoma extremeña.
Ha asegurado que se hará efectiva lo antes posible, cuando se publiquen definitivamente los Presupuestos Generales del Estado, y en cualquier caso, se aplicará con carácter retroactivo hasta enero de 2017.
Además, se ha dado traslado de algunas de las conclusiones obtenidas tras la Reunión de Coordinación de la Función Pública estatal, del pasado 22 de junio. También se ha reivindicado ante el Gobierno de la Nación que devuelva las competencias en materia de organización de la jornada.
Finalmente la consejera de Hacienda ha informado sobre la creación de tres grupos de trabajo que permitirán homogeneizar y flexibilizar criterios en materia de jornada, de carrera profesional y selección, en la Administración General, educación y sanidad. Dichos grupos comenzarán a trabajar de manera inmediata, con una composición acorde a la naturaleza de las materias a tratar, y donde se evaluarán también las cuestiones económicas.
¿Qué opinan los sindicatos?
El sentimiento era de malestar este viernes. Las organizaciones sindicales han recamado al Gobierno que devuelva a la Junta las competencias en materia de personal y de oferta de empleo público. Se sentaban a negociar unas condiciones que ya vienen marcadas desde el Gobierno central, como son las retribuciones, las tasas de reposición o los horarios de trabajo.
Tanto UGT como CCOO critican el poco margen de maniobra que tienen a la hora de la verdad. Algo que provoca que el empleo estructural se siga supliendo con puestos temporales. Denuncian que la temporalidad en la función púbica extremeña supera el 20 por ciento. Hasta darse el caso de especialidades de Educación donde se supera la barrera del 50 por ciento, denuncia Alfredo Aranda, del sindicato PIDE.
Guillermo Barroso, de CCOO Extremadura, exige la necesidad de cubrir todas las vacantes ante la presencia de plantillas muy ajustadas. “Con déficit importantes en centros de 24 horas, colegios de educación infantil o en la atención a mayores”.
A esto añade José Ignacio Luis Cansado, de UGT, que lo ‘coherente’ sería sacar las plazas que realmente son necesarias para combatir la temporalidad, que genera precariedad e inestabilidad. Sobre todo tras sentencias europeas sobre el personal interino y contra el abuso en la contratación temporal.
En el caso de la retribución salarial, el aumento propuesto por la Junta ha sido del 1 por ciento –el techo que marca el Ejecutivo central--. Un dato que contrasta con la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos por el aumento en más de dos puntos de los precios de consumo, denuncian CCOO y UGT. Estiman que desde el comienzo de la crisis han perdido 15 puntos de poder adquisitivo.
Reclaman además la vuelta a las 35 horas semanales. En este sentido la Unión General de Trabajadores señala que si la Junta no puede aplicar la reducción por derecho, que lo haga ‘de hecho’: flexibilizando las jornadas y los periodos de formación.
Además insta a la administración regional a que homogeneice los criterios de consolidación de empleo en la administración general, el profesorado y el SES, dentro de una de las mesas de trabajo creadas. Otra de las cuestiones que denuncia es la inseguridad jurídica por la acumulación de convocatorias de empleo en algunas especialidades, una cuestión que también será abordado en grupo de trabajo.