La Junta de Extremadura presentará, “en tiempo y forma”, recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la sentencia del TSJEX que permite a la empresa QBIS Resources SL seguir con la investigación del proyecto de mina de uranio, denominado “Ansar”, en la comarca de Sierra Suroeste. “Sí se prevé presentar (recurso) y posiblemente lo hagamos hoy -por este martes- incluso”, ha señalado el director general de Industria, Energía y Minas, Samuel Ruiz, a una pregunta de Unidas por Extremadura en la Comisión de Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Asamblea.
La Junta “respeta” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) pero considera que la resolución que anulaba el permiso de investigación “estaba ajustada a derecho”, por lo que recurrirá dicho fallo.
El director general ha subrayado que Extremadura debe ser una tierra en la que se respetan “las normas medioambientales, mineras y de cualquier sector”, pero debe ser “una tierra donde haya una garantía jurídica para todos los intervinientes en los procesos administrativos”.
En esta línea, ha recalcado que respetan la legislación vigente y “la interpretación que hagan de ella los tribunales”. “Nos den o no nos den la razón, porque es muy importante dejar actuar a la justicia”, ha apostillado.
Oposición ciudadana
La diputada de la coalición Irene de Miguel ha recordado que el proyecto, situado en la finca Cabra Alta, prevé investigar en unas 8.000 hectáreas de la zona suroeste, que afectan a los términos municipales de Zahínos, Villanueva del Fresno, Oliva de la Frontera, Higuera de Vargas y Jerez de los Caballeros.
Ha mostrado su “alegría” al saber que desde el Ejecutivo regional van a “pelear y luchar” para que no siga adelante un proyecto que “perjudica gravemente a la Sierra Suroeste y que tiene una fuerte oposición ciudadana”; especialmente dado el perfil “equidistante” del Gobierno extremeño respecto a iniciativas extractivas.
Tras criticar que el informe medioambiental presentado por la Junta fuera “flojo” y que “se niegue” a que los técnicos comparezcan en el procedimiento, ha considerado que “no tiene sentido ejecutar esta sentencia sin esperar al resto de procedimientos judiciales”, en los que se han personado ayuntamientos y organizaciones ecologistas, porque “puede haber sentencias contradictorias”.