La Consejería de Hacienda y Administración Pública proyecta una orden para elevar a 50.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantías en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas derivadas de tributos propios y otros ingresos de derecho público de la comunidad autónoma de Extremadura. Una resolución que se ha publicado este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) acuerda la apertura de un periodo de audiencia e información pública de este proyecto de orden.
Una orden de 2009 estableció el límite exento en 18.000 euros, un importe que se elevó a 30.000 euros en 2016 para las deudas derivadas de impuestos propios, tasas y contribuciones especiales, precios públicos, multas y sanciones u otros ingresos, de titularidad de la Junta de Extremadura y sus organismos autónomos.
Recientemente, la Administración General del Estado ha establecido en 50.000 euros el límite exento por medio de dos órdenes que tienen como finalidad otorgar facilidades a las personas obligadas al pago dado el contexto económico derivado de la guerra de Ucrania y de la escala de precios de la energía. Esta situación ha derivado en un incremento general de los precios que puede generar enormes dificultades de carácter transitorio en las economías domésticas y sectores económicos.
Ahora, la Junta de Extremadura considera necesario revisar dicho límite, con el fin de elevarlo a 50.000 euros, dado el tiempo transcurrido desde la orden de 2016 y con la finalidad de otorgar facilidades a las personas obligadas al pago para el cumplimiento de sus obligaciones de derecho público ante posibles dificultades económico-financieras de carácter transitorio.
Esta disposición permitirá además establecer criterios homogéneos en relación con las deudas del Estado y, sobre todo, con las deudas derivadas de tributos cedidos cuya gestión recaudatoria corresponde a Extremadura.