Miles de estudiantes universitarios y de Formación Profesional podrían quedarse el próximo curso académico sin la cotización de sus prácticas por el adelanto electoral. Se trata de las prácticas curriculares obligatorias, de carácter formativo, que tienen que hacer para obtener el título, y para las que el Gobierno central había anunciado el alta obligatoria en la Seguridad Social.
Responsables de la Universidad de Extremadura han trasladado en la reunión del Consejo Social de la institución educativa la dificultad de su entrada en vigor antes del comienzo del próximo curso. Los comicios podrían paralizar el proceso, según explican fuentes del comité de empresa de UGT que asistieron a la reunión.
El Real Decreto aprobado tiene que convalidarse, pero con unas elecciones de por medio todo indica que se paralizará. El rector de la Universidad de Extremadura aclara que se necesita un decreto de instrucciones que lo convalide, “algo que en principio parece que no se va a producir” según ha confirmado en declaraciones a Canal Extremadura Radio.
Combatir el fraude
Desde el sindicato CCOO en Extremadura Luis Lozano subraya que la cotización de los becarios es una herramienta útil para poder hacer un mapa de las prácticas, conocer cuáles son las empresas en las que entran y las tareas que desarrollan. La organización sindical quiere que se garantice su carácter formativo y evitar el fraude.
Apunta al abuso que se ha hecho por parte de algunas empresas, que han optado por sustituir parte de la plantilla a costa de esta formación obligatoria. Una práctica ilegal por la que, además de tener mano de obra gratis, se ahorran los seguros sociales. “Vemos positivo la posibilidad de evitar el fraude, aunque nos hubiera gustado que la decisión del Gobierno no se hubiera tomado de manera unilateral y que se hubiera negociado con los agentes sociales”, ha señalado en torno al Real Decreto del Ejecutivo central.
UGT coincide en que la cotización obligatoria es positiva y devuelve la ‘dignidad’ a los becarios. Pese a que reina la incertidumbre sobre su aprobación considera que es una medida necesaria porque les permite cotizar en un mercado laboral complicado para ellos. “No sabemos cuándo se aplicará la medida, todo está en el aire, y ya desde la reunión del consejo se nos transmitió la posibilidad de que no se aborde hasta enero de 2020”, señala Eva González desde este sindicato.
Dificultades económicas de la universidad
UGT apunta también al problema económico que puede acarrear a las universidades tener que hacer frente a estas cotizaciones, algo que se ha puesto de manifiesto la reunión del Consejo Social de la Universidad de Extremadura.
En este sentido la Asamblea General de Rectores del Grupo 9 de Universidades, a la que pertenece la UEX, se ha sumado al mensaje lanzado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas que valora que las prácticas computen a los estudiantes como periodo de cotización a la Seguridad Social, pero pide que se mantenga su bonificación al 100%. Las universidades habían expresado que tener que asumir las cuotas implica un gasto de 74 millones, a lo que suman los gastos burocráticos.
Por su parte, desde Comisiones Obreras critican que tras la publicación del Real Decreto la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, compareciera en el Congreso “generando dudas, no solo sobre la reglamentación final de la medida, sino sobre su misma continuidad”.
Instan al Ejecutivo a que cumpla con sus compromisos y ponga en marcha un Plan de Choque de Empleo Joven que contempla la elaboración de un ‘estatuto de las prácticas no laborales’ que garantice “su necesaria vinculación con programas formativos, la existencia de apoyo económico a quienes las realicen, un correcto seguimiento del proceso de aprendizaje y una protección social adecuada”.