Mina Aguablanca o cómo acabar con 400 empleos a golpes de burocracia

Cuando caen tres hojas del calendario el Ministerio de Medio Ambiente se pone a pedir más papeles de la mina Aguablanca con lo cual vuelven a paralizarse los plazos para resolver la declaración de impacto ambiental (DIA), y así van ya 15 meses seguidos mientras por delante pasan resueltas sin problemas licencias bastante más delicadas como la reapertura de la nuclear de Garoña, la construcción de almacenes radiactivos, o la sonrisa para que las nucleares puedan funcionar 60 años.

“Esto es ya cabreante e indignante”, explota Antonio Garrote, alcalde (PSOE) de Monesterio, localidad afectada por la evaporación de una actividad minera e industrial que de 400 empleos compartidos con pueblos andaluces como El Real de la Jara, Cala o Santa Olalla, ha pasado este martes a solo nueve al despedir la propiedad a 16 porque la licencia ambiental no llega.

Una telaraña siniestra que ha llevado el desánimo a la comarca, y que está tejida también por el “oscurantismo” en la venta de la mina de la canadiense Lundin Mining (por su filial Río Narcea) a la española Sacyr (filial, Valoriza Minera) según lamenta el alcalde de Monesterio, ya que “nadie sabe la compra por Sacyr en qué condiciones ha sido y qué compromisos tiene con el Ministerio, que sí tenía Lundin Mining”.

Después de un otoño con promesas desde Madrid, desde el Ministerio de Medio Ambiente, de que ya no necesitaban más papeles, e insinuaciones desde allí y desde la Delegación del Gobierno en Extremadura de que la DIA favorable, aunque condiciones, estaba al salir, han venido hechos curiosamente encadenados que han dado al traste.

Perplejos

Y es que la semana pasada el Ministerio pedía más documentos, el lunes 13 se reunía en Monesterio la comisión de seguimiento del conflicto –ayuntamientos, sindicatos, representantes de los trabajadores-, y una vez celebrada la misma, el martes, Valoriza Minera comunicaba que no podía seguir pagando nóminas sin tener certidumbres y despedía a 16 de los 25 últimos empleados de mantenimiento.

La nueva documentación solicitada es un estudio geológico del lugar, y los datos del mineral que se ha extraído ya, y que se podría obtener en la nueva fase de explotación subterránea, lo que ha dejado perplejos a quienes luchan por el inicio de la actividad y una esperanza laboral para la comarca.

“Es una aberración que lo pidan ahora, ¿dos años después?”, pregunta el alcalde Antonio Garrote, para concluir que “aquí hay algún interés, que no sabemos, en dilatar esto, que no se abra, porque no se encuentra ningún sentido”. Le extraña que no haya ya estudio geológico en la solicitud de la licencia, así como el dato del mineral ya que también iría incluido, además de que es una reserva minera del Estado al que Río Narcea habrá ido presentando memorias de explotación.

“Se lo han sacado porque el plazo se les terminaba, para que siga otros tres meses más”. Contra una actividad en la que “todo el mundo está a favor, no hay un ecologistas en contra, y toda la sociedad civil apoyando”.

“No sabemos si esto se va a cerrar o no”, aventura el alcalde de Monesterio. “Si se cierra, que se cierre y trabajamos en alternativas económicas, y si no que se diga lo que sea. Apostamos por la continuidad, pero esta incertidumbre es la peor de las situaciones No puedes estar dándole vueltas a un papel cuando has echado cuatrocientas personas a la calle, aparte de los técnicos tiene que haber responsabilidad política”.

Más reuniones

Aparte de haber pedido una reunión con la delegada del Gobierno desde la Mesa de Seguimiento, la Junta de Extremadura por su parte, y por medio del consejero de Economía e Infraestructuras José Luis Navarro, ha pedido un encuentro con la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García Rodríguez.

El Gobierno regional no duda en achacar al retraso en la DIA los últimos 16 despidos, por parte de una empresa, Valoriza Minera-Sacyr, a la que pidió al convertirse en propietaria que mantuviera la plantilla.

“Pero ante el último requerimiento de documentación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente”, explica la Junta, “la empresa nos ha comunicado que la resulta insostenible el mantenimiento de una plantilla de 25 personas sin ninguna expectativa de actividad en la mina”.

“Hartos de mendigar”

Miguel Talavera, de UGT, lo tiene claro. “Cuando cumplen tres meses piden otro papel, muchas veces nuevo y otras veces repetido, y si esto no se arregla los nueve que quedan los despedirán pronto; nos están tomando el pelo, ya estamos hartos de ir mendigando de despacho en despacho pidiendo la DIA, porque otras cosas con menos tiempo se la conceden rápidamente”.

En otoño pasado, con motivo de inaugurar la Feria de Zafra la ministra García Tejerina habló con los sindicatos pero “nos recibió en un área de servicio en Mérida, patético, con qué seriedad se toma esto”.

Y la delegada del Gobierno Cristina Herrera “bien podía defender los intereses de Extremadura, y si no que dimita”.

Las nucleares van rápido

Esta demora no tiene comparación con la rapidez en otros casos, reprocha Saturnino Lagar, de CCOO. “La nuclear supongo que será de mucho interés del Gobierno, como hay grandes empresas detrás, y aquí son solo familias en Monsterio… Extremadura parece que no está en el mapa para el trabajo, para el tren, para la autovía; cada cuatro días nos tenemos que echar a la calle, y por todo”.

“Increíble” que “quienes tienen que preocuparse de las personas de lo único que se preocupan es que no pasen los plazos, tienen la DIA en un cajón y cuando va a pasar el plazo piden cuatro papeles más, sin tener en cuenta a las cuatrocientas familias que vivían de esto”.

El caso Aguablanca empieza a parecerse a “cuando tienes un familiar en fase terminal, lo que quieres es que muera cuanto antes y por lo menos ya… Que nos digan sí o no, pero ya”.

Ciudadanos

La portavoz regional de Ciudadanos, Victoria Domínguez Paredes, ha achacado este miércoles los despidos y la situación en que se encuentra la mina de Aguablanca a la actitud que mantiene el Gobierno de la nación, al no resolver la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la explotación subterránea del yacimiento.