Las oficinas extremeñas de atención a personas en riesgo de ejecución hipotecaria han atendido a unas 250 familias desde el pasado diciembre, fecha en la que se firmó un convenio en este ámbito entre la Junta de Extremadura y las diputaciones y los colegios de abogados provinciales.
Gracias a ello se han realizado más de 480 actuaciones, que han desembocado en un gran número en alquileres asequibles o en reestructuraciones de deudas, soluciones para que las familias “puedan vivir donde tienen que vivir”, ha dicho el consejero extremeño de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.
Reducción de desahucios
Vergeles, que ha asistido a las “Jornadas Informativas sobre el Nuevo Servicio de Protección a las Familias en Riesgo de Ejecución Inmobiliaria en Extremadura”, ha expresado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya indicó que durante el tercer trimestre del pasado año se redujeron los desahucios en la comunidad en más de un 30 por ciento.
Una reducción que no se conocía desde 2008, aunque el objetivo de la Junta de Extremadura es llegar a “cero desahucios” en la comunidad autónoma en relación a las familias que no pueden pagar su vivienda.
A este servicio se puede acceder a través de varias vías, desde la telefónica (central de llamadas) a la telemática (página web) o a la presencial, con 24 oficinas de atención para proteger a las familias que están en riesgo de ejecución hipotecaria. Aunque algunas de estas 24 oficinas aún no han echado a andar, las existentes ya han atendido a las citadas 250 familias en escasas semanas.
Dación en pago y reestructuración de la deuda
Entre las “soluciones” para las familias con problemas ante un posible desahucio se encuentran la dación en pago o la reestructuración de la deuda (la más frecuente), aunque en caso de que no se puedan lograr estas fórmulas hay ayudas al alquiler.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, explicó que las jornadas reunieron a alcaldes para informar sobre el convenio firmado el pasado diciembre.
Antes del convenio con la Junta, la Diputación pacense ya había firmado en la legislatura pasada uno con el Colegio de Abogados de Badajoz, el cual permitió crear siete oficinas de intermediación hipotecaria, a las que se sumaron otras cinco gracias al acuerdo con el Ejecutivo autonómico.