Toda la oposición se une para frenar el “pucherazo” en las Cámaras de Comercio de Badajoz y Cáceres

Izquierda y derechas unidos en Extremadura.  Los grupos parlamentarios del PP, Cs y Unidas por Extremadura han presentado conjuntamente un proyecto de ley para frenar “el pucherazo”, han explicado, de la Junta en el seno de la representatividad en las Cámaras de Comercio.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, y el coordinador de Ciudadanos, David Salazar, han explicado que la reciente modificación de la Ley de Cámaras de Comercio de Extremadura, incluida “de rondón” en un Decreto ley, busca “una sobrerrepresentación” de la patronal en las entidades camerales para “controlarlas” en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, ha dicho Monago.

“La paz social no se compra con el dinero de los extremos ni con un decreto ley”, ha afirmado el dirigente del PP, quien ha instado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, a “sacar sus manos” de las Cámaras de Comercio.

“La mayorías absolutas necesitan un contrapeso y, en este caso, es necesario para revocar un error que da una ventaja de partida” a los grandes empresarios, ha subrayado Salazar, quien ha recordado que el 99 % del tejido empresarial extremeño son las pequeñas y medias empresas y los autónomos.

Salazar y Monago, que no descartan acudir a los tribunales, han explicado que el acuerdo bilateral entre el Estado y las Comunidad autónomos otorga dos vocalías a las asociaciones empresariales más representativas, mientras que la Junta de Extremadura propone ocho.

La modificación de la Ley 3/2018 de Cámaras Oficiales de Comercio de Extremadura recoge “ocho vocalías en representación de empresas y personas de reconocido prestigio en la vida económica de Extremadura dentro de la circunscripción de cada Cámara” a propuesta de las organizaciones empresariales intersectoriales más representativas en el ámbito de la correspondiente Cámara, lo que se traducirá en una “ventaja” para la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), entienden todos los grupos parlamentarios.

Por lo tanto, la unión de PP, Cs y UPE no es sólo contra el PSOE, sino que también es una ofensiva contra la CREEX, una entidad que se nutre de fondos públicos (alrededor de un millón de euros) pero “sin control y sin rendir cuentas”.

La modificación de la ley fue incluida en un Decreto Ley 5/2021 que fue aprobado por el Consejo de Gobierno el 9 de junio y llevado al pleno de la Asamblea del pasado 15 de julio, el cual fue aprobado con el voto mayoritario del PSOE, mientras que el resto de grupos votaron en contra.

Dicho decreto incluía ayudas directas a autónomos y empresas financiadas por el Gobierno de España, las bases reguladoras de ayudas urgentes para el refuerzo del sistema de garantías de Extremadura, ayudas financieras a autónomos y empresas, medidas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas y la modificación de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio.