El Gobierno de coalición de PP y Vox en Extremadura anuncia la eliminación de impuesto de Patrimonio y el de grandes tenedores de viviendas, que aún no se había aplicado, al tiempo que descarta la gratuidad del servicio de comedor escolar para más de 2.100 estudiantes. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha explicado este martes el decreto ley de medidas urgentes en materia fiscal que ha aprobado el consejo de gobierno, que incluye también rebajas en el tramo autonómico del IRPF, aunque muchos extremeños estaban exentos de la declaración de la renta, ayudas al alquiler y para nuevos autónomos.
De esta forma, se cumple con algunas de las medidas tributarias incluidas en el pacto de Gobierno PP-Vox, y que facilitó la investidura de Guardiola el pasado julio. Según la presidenta, la Junta bonificará el 100% del impuesto de Patrimonio, conocido como el impuesto de los ricos, porque, a su juicio, esta medida contribuirá a atraer población y talento a Extremadura.
En la actualidad hay 1.284 contribuyentes que pagan este impuesto y suman un patrimonio de 2.710 millones de euros. Es decir, una media de 2,1 millones de euros cada uno. El mínimo exento en Extremadura estaba hasta ahora en 500.000 euros, de los más bajos del país, por lo que el PP planeaba incrementarlo hasta los 700.000 euros. Para los contribuyentes que tuvieran que seguir pagando el impuesto se planteaba una rebaja del 33%.
Sin embargo, en el pacto con la extrema derecha se contempla la eliminación al 100% de este impuesto con el compromiso del Ejecutivo regional se aprobarlo en sus primeros 100 días de Gobierno. Este extremo está garantizado porque la tramitación se realizará por la vía de urgencia.
Se da la circunstancia de que buena parte de este patrimonio lo constituyen bienes inmuebles. Pues bien, María Guardiola también ha anunciado la eliminación del impuesto a los grandes tenedores de viviendas, que nunca se llegó a aplicar porque se incluyó en la ley extremeña que se aprobó a principios de este año. Este impuesto, que tendrían que pagar quienes tuvieran más de cinco inmuebles, ya se vio rebajado en el momento de su aprobación tras pasar por el Consejo de Estado. De esta forma, un gran propietario con 10.000 metros cuadrados pasaría a pagar 97.000 euros en vez de los 194.000 euros previstos inicialmente.
Bajada del IRPF
Por otro lado, el paquete de medidas incluye rebajas en los dos primeros tramos autonómicos del IRPF, que se quedarían en el 8% y el 10%. Guardiola asegura que la bajada impositiva beneficiará a todas las rentas, aunque especialmente a las bajas y medias. Según ha explicado, para rentas inferiores a los 20.200 euros supondrá un ahorro de 300 euros, mientras que para las rentas superiores a los 60.000 el ahorro será de 43 euros. No obstante, muchos de los extremeños a los que ahora se pretende beneficiar con este medida ya estaban exentos de la declaración al no alcanzar el mínimo.
Estas medidas, que se aplicarán con carácter retroactivo a enero de 2023, supondrán una merma de 39,8 millones de euros para las arca autonómicas, que este ejercicio esperaban aumentar su recaudación en más de 200 millones en concepto de IRPF, ha detallado la presidenta. Pero es que Guardiola espera que, a pesar de rebajar y eliminar impuestos, especialmente a las rentas altas, la recaudación aumente y ha puesto como ejemplo Andalucía, donde el incremento ha sido del 11%, aunque ha obviado los efectos de la buena marcha del empleo en la recaudación tributaria, tal y como explicó el Observatorio Económico de Andalucía.
La Junta también aumenta hasta un 30% la deducción por alquiler de vivienda habitual con un límite de 1.000 euros anuales o de 1.500 euros en poblaciones menores de 3.000 habitantes. Además, como novedad, se podrán beneficiar las familias monoparentales.
El impuesto de matriculación se rebaja del 16% actual al 14,75% y se aplicará la tarifa cero para nuevos autónomos, que consistirá en una subvención de 960 euros para hacer frente al coste de la tarifa durante un año.
El Gobierno extremeño también aumenta la ayuda por acogimiento familiar hasta los 360 euros mensuales e incluye en el decreto fiscal ayudas directas para los productores de cerezas en el norte de Extremadura e incrementa la partida para la contratación de seguros agrarios.