El Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima (PEIEC) 2021-2030 prevé que a su finalización el 100% de la energía eléctrica que se produzca en la región tenga origen renovable.
Estima que en este periodo el impulso de las renovables, junto con la minimización de emisiones o la mejora de los sumideros de carbono generará 79.600 empleos y contará con una inversión de 17.240 millones de euros, el 93% de ella procedente del sector privado.
La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García, ha presentado este lunes en rueda de prensa el primer plan autonómico de este tipo. Destaca que con el mismo la Comunidad de Extremadura “hace un esfuerzo más allá de lo exigible” y quiere “desacoplar el crecimiento económico de las emisiones de gases invernadero” en la región.
Lucha contra el cambio climático
Con la presentación de este plan, que plantea 57 medidas de carácter trasversal, se cumple el compromiso adquirido por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en su discurso de investidura para abordar la transición energética y la lucha contra el cambio climático con un desarrollo sostenible, que es el que debe marcar también la reconstrucción económica en Extremadura tras la pandemia de coronavirus, ha recalcado García.
El plan es el instrumento de planificación que propone la Junta de Extremadura para contribuir, desde una perspectiva regional, a la consecución de las metas determinadas en los Acuerdos de París y en la nueva Ley del Clima Europeo. Para la consejera, “este no es otro Plan más; es un documento programático, realista y realizable, para una década, con una entidad muy amplia, por sus objetivos y por las medidas de calado que contiene de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética”.
Se pretende que Extremadura en 2020 sea una comunidad autónoma “ climáticamente neutra, es decir, que las emisiones de gases de efecto invernadero sean iguales o inferiores a las absorciones de nuestros sumideros naturales de carbono”, así como que el cien por cien de la energía que se produzca en la región tenga un origen renovable.
El Plan
Las medidas contempladas en el plan, que prevé una inversión pública de 1.152 millones de euros, permitirán alcanzar en 2030, una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 10,03 por ciento respecto a 2017 e incrementar un 9,8 por ciento la capacidad de absorción de los sumideros extremeños de estas emisiones, además de lograr en la región una reducción del consumo de energía en un 22 por ciento gracias a la mejora de la eficiencia energética.
Plantea 57 medidas de carácter sectorial y transversal enmarcadas en cuatro ámbitos de actuación: Mitigación, adaptación, investigación e innovación y activación social. Conviene reseñar que el objetivo central del PEIEC se localiza en la reducción de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a través de la minimización de emisiones o la mejora de los sumideros de carbono, por lo que la “mitigación” será pieza clave en las actuaciones a desarrollar en los próximos años, explica la Junta en una nota de prensa.
“Pretendemos separar el crecimiento económico del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que presentamos actuaciones que van desde el despliegue masivo de tecnologías de generación renovable, para la producción limpia de electricidad, hasta la electrificación de cada vez más sectores de demanda, y medidas de eficiencia en edificios y en procesos industriales”.
Generación energética
En lo relativo a la generación energética en 2030 se quiere alcanzar un incremento de 10.360 MW de generación renovable, de los cuales 8.000 MW fotovoltaicos, 1.500 MW termoeléctricos, 660 MW eólicos, 196 MW en combustión de biomasa y 4 MW en biogás, con un objetivo de almacenamiento de 800 MW.
En lo que se refiere a las demandas finales de energía, en el sector residencial se espera reducir las emisiones de gases del sector en un 23 por ciento, con medidas como la rehabilitación de 24.000 viviendas y un relevante despliegue del autoconsumo fotovoltaico.
En el sector terciario, el subsector público, que debe dar ejemplo, registrará una mejora significativa reduciendo su demanda de energía en un 17 por ciento y reduciendo un 12 por ciento sus emisiones. En el subsector privado se pretende limitar hasta el 10 por ciento el crecimiento de la demanda y hasta un 6 por ciento el incremento de las emisiones.
En el caso del transporte, la reducción de energía será de un 10 por ciento y también un descenso de un 10 por ciento de emisiones, que en parte se producirá gracias a la penetración de 30.000 vehículos eléctricos en la región.
Sector primario
En el sector primario, las medidas a aplicar adquieren una especial importancia, pues se estima una disminución de un 16 por ciento de la energía demandada y una caída del 17 por ciento en las emisiones. Un alto porcentaje de las emisiones de este sector no se deben a combustión, sino que son emisiones debidas al metano generado en la ganadería, unas emisiones que suponen el 29,6 por ciento del total regional y son muy difíciles de reducir.
En el ámbito de ‘adaptación’ se abordará la elaboración y desarrollo de una Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático, y en “Investigación e innovación” se establecerán medidas para que el sistema de ciencia y tecnología extremeño se enfoque hacia la transición energética y climática como elemento dinamizador de las empresas, para que se adapten a una economía descarbonizada y favorecer la retención de talento.
Huella de carbono
Por último, en activación social la pretensión es impulsar la participación de la ciudadanía y los agentes implicados en este proceso de transición, con actuaciones de formación e información, cálculo de la huella de carbono, e integrando el cambio climático en el sistema educativo y luchando contra la pobreza energética.
El borrador del Plan aporta un gran abanico de externalidades positivas sobre la economía y el empleo como la movilización de inversiones, el ahorro de energía y una cesta energética en la que las energías renovables son las protagonistas, lo que posibilitará que el PIB aumente en 4.680 millones de euros.
Esto supondrá la generación de más de 79.600 empleos y se estima una inyección de rentas de 1.848 millones de euros en los hogares extremeños. En términos territoriales, se estima que en torno al 74 por ciento del impacto del plan recaerá en las zonas rurales, con lo que se espera que la recaudación municipal aumente en 1.239 millones de euros.
Este plan es un ejemplo de combinación entre economía y sostenibilidad, asegura Olga García, que “pretende provocar un efecto tractor sobre nuestra estructura productiva e incidir en su competitividad, generando actividad económica y empleo sostenible, contribuyendo a la fijación de la población al territorio en el contexto de la reactivación económica tras la COVID-19”.
Va a ayudar a que la recuperación llegue lo antes posible, pues ofrece un marco estable y previsible que estimula la inversión privada, con una movilización estimada en 17.240 millones de euros entre 2021 y 2030. El 93 por ciento de estas inversiones se realizarán por parte del sector privado y el resto por las distintas Administraciones públicas.
Desde sus inicios, el borrador se ha elaborado contando con la participación de la sociedad extremeña y la concertación con los agentes sociales y empresariales más representativos ha comenzado.
El borrador del plan será presentado al Observatorio Extremeño del Cambio Climático, de forma que antes de finales de año, cuando se apruebe definitivamente tras su evaluación ambiental, se impliquen activamente todos los agentes extremeños afectados para intentar alcanzar el mayor consenso posible en su contenido.