- Se trata de las oposiciones a profesores de FP celebradas en 2011, donde un opositor reclamó. Los exámenes fueron destruidos, y la presidenta del tribunal juzgada por ello
Los tres profesores que obtuvieron plaza en las oposiciones de Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos han denunciado en Mérida que Educación les “quitará la condición de funcionario” que se ganaron en 2010, después de que otro opositor denunciase irregularidades en el tribunal del mismo.
Los docentes, que se han concentrado a las puertas de Presidencia, reclaman una entrevista para tratar este asunto con el presidente Guillermo Fernández Vara.
Quieren que éste ordene a los servicios jurídicos de la Junta y a los responsables de la Consejería de Educación y Empleo asegurar un acuerdo entre las partes que les permita mantener sus plazas, el cual debería ser remitido al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en el plazo marcado por el último auto al respecto.
El conflicto
Víctor Manuel León Batalla, uno de los opositores afectados, ha explicado que el conflicto se originó tras el examen, cuando uno de los aspirantes, que se quedó a las puertas de aprobar, denunció irregularidades en el tribunal de aquella oposición y la justicia le acabó dando la razón.
En este sentido, según León, el TSJEx determinó que la presidenta del tribunal tenía “una enemistad con el demandante”, al que “bajó la puntuación de su ejercicio” y “le impidió tener plaza”, además de que “destruyó todos los exámenes”.
El docente ha subrayado que por la vía penal se condenó a la presidenta y se invalidó el examen de 2010, del que se ordenó su repetición y se anularon las notas de los tres profesores que hoy se han concentrado en Mérida.
Tras varios recursos, ha asegurado que el TSJEx emitió un mandato judicial apremiando a la Junta a alcanzar “una solución con los principales afectados antes de ejecutar el fallo”.
“No hay acuerdo”
Sin embargo, pese a que el alto tribunal “lo permite” y es lo que reclaman los tres docentes que sacaron plaza junto al demandante (que -según ha dicho- también se convertiría en funcionario tras la sentencia), la Junta “rechaza el acuerdo”.
Para León Batalla, la solución pasa porque los tres profesores mantengan sus nombramientos de funcionario de carrera, se habilite otra plaza para el demandante al que la justicia le dio la razón y el examen se repita para el resto de aspirantes que concurrieron a aquella oposición.
Por último, ha advertido de que si les quitan sus plazas, reclamarán “daños ante la justicia” y ha agregado: “acabarán pagándonos por responsabilidad patrimonial con el dinero de los extremeños porque no han querido una solución política”.