El sindicato UGT ha reivindicado la instauración durante la próxima legislatura de un contrato marco para los contratos de seguridad en las instalaciones públicas. Exigen que no influya tanto la oferta económica, pues el actual sistema favorece la “precarización”.
Trasladarán a las formaciones políticas esta reivindicación de cara a las próximas elecciones autonómicas. El responsable del área de Seguridad de UGT Extremadura, Raúl Plano, ha explicado que el contrato marco estuvo en vigor en Extremadura hasta 2008, fecha en la que no se renovó, y a partir de entonces ha dejado de utilizarse.
“A principios de la actual legislatura se indicó a los sindicatos que dieran por hecho la recuperación de este contrato marco, pero no ha sido así”, ha lamentado.
Origen de la precariedad
Apunta que en la actualidad el 49 por ciento de la puntuación para otorgar las adjudicaciones depende de la mejor oferta económica, lo que imposibilita que ganen los concursos las empresas que priman otros criterios.
Las mejoras sociales o la conciliación laboral y familiar tienen de esta forma poca importancia a la hora de designar las adjudicaciones, lo que ha criticado.
“Las empresas tiran los precios”
Por contra, empresas con ofertas a muy bajo precio se hacen con los contratos de seguridad de las instalaciones públicas, pero a costa de “coartar derechos de los empleados o de distintas problemáticas relacionadas con el salario”. Así, y como demuestra el Perfil del Contratante en el caso de la Junta de Extremadura, son escasos los contratos adjudicados durante la presente legislatura a las empresas más grandes del sector, ha dicho.
En cambio, ha añadido, muchas de las compañías adjudicatarias durante estos últimos cuatro años tienen en la actualidad problemas para pagar a sus empleados, por subrogaciones o por otras circunstancias.
“Es necesario, por tanto, un contrato marco donde la administración ponga sobre la mesa la importancia de una serie de cláusulas positivas para el trabajador y con precios en condiciones”, ha incidido.
Un contrato en el que, según Plano, tendría “menos puntuación la oferta económica y podrían optar empresas con más garantías”.