El 40 % de los productores de tomate de Extremadura, aproximadamente, no han firmado la contratación de la venta con la industria, según el Ejecutivo regional, por la falta de acuerdo con el precio de compra. Un plazo para firmar los contratos que se cerró el jueves por la noche.
La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha señalado que este jueves estuvo viendo los contratos firmados que llegaban a sus departamento, con un precio que variaba entre 145 euros por tonelada más cesiones de porte y demás y 150 euros.
La consejera ha aclarado que son acuerdos privados y que el papel de la Junta es solventar los problemas que se le generan a los agricultores por no tener el contrato en fecha y resolver el tema de las ayudas ligadas al tomate. En este sentido, Morán aboga por que las comunidades autónomas hagan un estudio de costes, pero ha precisado que para ello es necesario que el Ministerio de Agricultura establezca los criterios para que los datos sean “oficiales”.
UPA-UCE denuncia a varias industrias tomateras por saltarse la ley
Por su parte, UPA-UCE ha denunciado a varias industrias tomateras por saltarse la ley y pagar precios por debajo de costes y ha reclamado la intervención “inmediata” de la Consejería de Agricultura y la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para frenar esta vulneración de la norma.
En una nota, la organización agraria ha criticado el “abuso” de posición dominante de Conesa, Agrat, Transa y Alsat al intentar obligar a los productores de tomate y a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) a firmar contratos con precios “que ni tan siquiera cubren los costes”, saltándose así la Ley de la Cadena Alimentaria.
La primera consecuencia, ha lamentado, es que la mitad de la producción no se haya contratado a fecha de este jueves, lo que deja fuera de la normativa comunitaria a esta producción. Por ello, ha reclamado la intervención “inmediata” de la Consejería de Agricultura y la AICA para lograr frenar esta vulneración de la ley por parte de las industrias, “que están amenazando a muchos agricultores de la región y a todo un sector que es de vital importancia para Extremadura”.
Ha trasladado además su apoyo a los agricultores tomateros y a las OPFH por la respuesta “unánime y firme” que están dando a estos “especuladores”, a los que acusa de intentar enriquecerse a costa de los productores. Así, ha afirmado que actuará con todos los instrumentos que tenga al alcance contra este “claro ataque” a los productores.
Precio medio de 150 euros por tonelada
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha querido destacar el “importante y esencial” papel del cooperativismo dentro de la economía agraria y el mundo rural, reflejado en la contratación de tomate para industria para la próxima campaña por parte de todas las industrias cooperativas extremeñas a un precio medio de 150 euros por tonelada.
Estas industrias suponen alrededor del 50 por ciento de la contratación de tomate en Extremadura, según ha informado este viernes en una nota. “Esto demuestra la importancia de las cooperativas, como agricultura organizada que somos, y la necesidad de incrementar el asociacionismo por parte de los agricultores y agricultoras en cooperativas”, ha subrayado.
Según el presidente del Grupo de Trabajo de Tomate para Industria de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, Juan Francisco Blanco, es la única solución para que puedan mejorar su capacidad de negociación y su competitividad en un mercado global “cada día más complejo”.
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura difundió a principios del pasado diciembre la actualización del estudio realizado por este grupo de trabajo sobre los costes de producción de tomate para industria en la región, que situaba en 145 euros por tonelada teniendo en cuenta los costes directos e indirectos y que supone un 9,5 por ciento más respecto a la campaña anterior.
En este sentido, las cooperativas y las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) asociadas a Cooperativas Agroalimentarias Extremadura defienden que el precio que perciba el agricultor por su producción debe permitirle continuar con el cultivo, de ahí que considere a la apuesta industrial de las cooperativas como base para mantener a Extremadura como líder nacional en este sector.