Vox se sale por primera vez el guión de la Junta de Extremadura respecto al regadío de Tierra de Barros. Si hasta ahora compartía con sus socios del PP que este este proyecto era inviable sin la cofinanciación del Gobierno, ahora amenaza con no aprobar los presupuestos de 2025, que ya han comenzado a elaborarse, si en ellos no se recoge la financiación autonómica para ese propósito.
Todo esto el mismo día en el que se ha materializado el desvío de 104 millones de euros de fondos europeos que se iban a dedicar al proyecto y que ahora se destinarán al arreglo de caminos y a la prevención de incendios.
El Grupo Parlamentario Vox ha condicionado su apoyo a las cuentas regionales para el próximo año a la inclusión de una partida de fondos de la comunidad autónoma para el proyecto de regadío en Tierra de Barros, puesto que, ha dicho, sin las ayudas inmediatas ni de la Comisión Europea ni del Gobierno de España, este debe ejecutarse “en solitario”, “a pulmón” o vía endeudamiento.
Sin embargo, este mismo miércoles la presidenta de la Junta, María Guardiola, ha dicho en Plasencia que su Ejecutivo está “dispuesto a poner” encima de la mesa financiación para el regadío de Tierra de Barros, “siempre y cuando el Gobierno de España, que es quien declaró este proyecto como prioritario, colabore” con ellos. “Se trata de una infraestructura costosísima y la Junta de Extremadura no puede asumir en solitario ese proyecto”, ha asegurado en la misma jornada en que su Gobierno sustraía 104 millones de euros procedentes de Europa para la financiación del regadío.
Al mismo tiempo, en la Asamblea la extrema derecha amenzaba al PP: “No podemos esperar más. El proyecto se va a ejecutar pese a quien le pese y caiga quien caiga”, ha manifestado el director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, José María Sánchez Cordero, ante la Comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural a petición de Unidas por Extremadura.
“Los presupuestos de 2025 se han comenzado a elaborar y si en las negociaciones que hemos de mantener con nuestros compañeros de gobierno no alcanzamos un acuerdo para que la alternativa técnica y económica que es la financiación autonómica sea una realidad, ni habrá presupuesto para el año 2025 ni se aprobará ninguna iniciativa parlamentaria por nuestro grupo y la Asamblea”, ha aseverado.
Sánchez Cordero ha confiado en “el compromiso y la justicia social” que tiene la presidenta de la Junta, la popular María Guardiola, para que el regadío comience “después de la revisión del proyecto técnico” y terminadas las expropiaciones.
El director general ha lamentado que los agricultores de Tierra de Barros estén “confundidos y desesperados” tras las “falsas promesas” y las “mentiras del anterior gobierno socialista” pues el proyecto, según sostiene, no cuenta con la autorización de la Comisión Europea para gastar los fondos europeos en esta iniciativa. Además, ha enumerado, tiene un sobrecoste de lo tasado inicialmente de casi 100 millones hasta un presupuesto de 350 millones y grandes carencias técnicas en relación a la cimentación de las balsas o el suministro de electricidad.
35 millones anuales para el proyecto
Sánchez Cordero ha señalado igualmente que el proyecto es “imposible de ejecutar en cuatro años, como contemplaba el convenio impulsado por el Ejecutivo socialista, estableciendo un horizonte temporal de ocho sin contar posibles imprevistos.
Aunque seguirán reclamando la colaboración de la CE y del Gobierno de España para financiar esta infraestructura, ha dicho que no esperan recibir la “más mínima ayuda” pues se mueven por “criterios dogmáticos e ideológicos por encima de criterios técnicos”. En este sentido, ha planteado su financiación autonómica a razón de una media de 35 millones de euros anuales, que se detraería de “gasto inútil y despilfarro” como aquel de “sesgo ideológico”, ello “sin recortar un céntimo en los servicios sociales y esenciales” de los extremeños; y la otra opción sería el endeudamiento mediante un crédito por valor de unos 300 millones a 30 años, con un tipo al 3 %.
En relación a la modificación del Programa de Desarrollo Rural (PDR) para reasignar 104 millones de euros, ha insistido en que es una medida necesaria para poder certificar y “no perder esos fondos”.
La portavoz del Grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha explicado que la coalición impulsará esta comparecencia de forma periódica para aportar “luz y taquígrafos” a un proyecto -a su juicio, “insostenible”- en el que los agricultores se merecen “transparencia y honestidad”, pues están “muy hartos de falsas promesas” y der ser “una pelota que se lanzan unos y otros”.
Tras cuestionar que la modificación presupuestaria de 140 millones no suponga la defunción del proyecto como sostiene la Junta, ha defendido que esos fondos se dedicasen a los jóvenes agricultores, el cooperativismo, caminos rurales e industrias de transformación en la misma zona de Tierra de Barros.
El diputado de Vox Javier Bravo, en línea con su compañero de partido, entiende que el Gobierno central, al ser de “otro signo”, ha abandonado el proyecto cuando sí apuesta por nuevos regadíos en comunidades como Navarra o destina fondos a regadíos en Marruecos.
El diputado socialista Valerio Marcial Rodríguez Casero ha remarcado que “la historia de la gran verdad” es que el PP, junto con sus aliados, no quería hacer el proyecto y estaban “deseando hacer la reprogramación del fondo para quitar la financiación”.
Para el parlamentario popular Bibiano Serrano, Rodríguez Casero -al que ha llamado “sinvergüenza”, aunque luego lo ha retirado, debería “dimitir” pues “no tiene dignidad” con su “capacidad de mentir, de embaucar y de callar”, ante lo que ha respondido al ciudadanía de Tierra de Barros en las elecciones del domingo.
Desvío de 104 millones
El regadío de Tierra de Barros también ha sido noticia este miércoles por la reunión del Comité de Seguimiento de los Programas de Desarrollo Rural (PDR), en el que la Junta ha certificado la sustracción de 104 millones de euros de fondos europeos que tendrían que dedicarse al proyecto para destinarlo a otras partidas. Ese destino no ha gustado ni a las organizaciones agrarias ni a los sindicatos.
UPA-UCE ha denunciado que la Junta de Extremadura “da el cerrojazo” al regadío, ya que dedica sus fondos a ayudas para el arreglo de caminos o en la prevención de incendios. Por ello se ha posicionado en contra del desvío y ha lamentado que las ayudas no se destinen a medidas de mayor calado para el sector agrario extremeño, como la incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería o los planes de mejora de las explotaciones.
Según la organización agraria, la Junta de Extremadura deja este proyecto “metido en un cajón”, enterrando así los intereses e ilusiones de los 1.200 regantes afectados porque los fondos desaparecen definitivamente de este programa debido a que en las medidas del plan estratégico no hay ninguna partida presupuestaria que pudiera dar esperanza para su continuidad.
UPA-UCE también ha lamentado que no se haya contado con la opinión de las organizaciones agrarias para destinarlos a resolver problemas como el relevo generacional, los apoyos dirigidos a planes de mejora y modernización de las explotación que, año tras año, dejan fuera a miles de agricultores y ganaderos que quieren modernizar sus explotaciones y no pueden hacerlo debido a que no hay presupuesto suficiente“, denuncia el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas.