Los sindicatos CSIF, USO y UGT, y Unidas por Extremadura han manifestado su preocupación por los 227 técnicos de Educación Infantil (TEI) vinculados al programa experimental de aulas 1-2 años que perderán su trabajo el 31 de diciembre, al finalizar los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que sustentan sus contratos porque la Consejería de Educación interrumpirá sus contratos y creará esas plazas de forma estructural par financiarlas con fondos propios.
Desde CSIF se ha insistido a la Junta de Extremadura en la necesidad de encontrar soluciones para dar continuidad legal a los trabajadores que actualmente están ocupando las 227 plazas de Técnicos de Educación Infantil (TEI) en las Aulas 1-2.
Este sindicato lleva tiempo advirtiendo de los problemas que causaría una falta de previsión en la fecha de finalización de estos contratos. “Aunque nos alegramos de que la Consejería haya dado continuidad al proyecto asumiendo el gasto de la creación de estas 227 plazas en la Relación de Puestos de Trabajo, la forma en la que se van a producir los ceses creemos que no es la más acertada”, han añadido.
En concreto, esta organización propuso a la Administración varias soluciones, como que los contratos lleguen todos hasta los tres años o que el cese se haga antes del periodo navideño y la incorporación se realice el próximo 8 de enero para tener tiempo suficiente de que los trabajadores que cesen puedan incorporarse a la bolsa de espera correspondiente antes de que se produzca el nuevo llamamiento que se tiene previsto realizar para volver a ocupar las plazas.
“Despido improcedente”
Según ha expuesto el sindicato USO en nota de prensa, la amortización de estos 227 puestos de trabajo de TEI puede constituir un “despido improcedente” de estos profesionales si la Junta opta por el cese en lugar de modificar sus contratos a indefinidos.
Así, USO ha rechazado la decisión de amortizar estos puestos y pide a la Consejería articular mecanismos legales para dar continuidad a este personal hasta que los puestos sean cubiertos de forma reglamentaria. De esta forma, ha invitado a todos los TEI afectados que reclamen sus derechos en el caso de verse afectados por este despido.
Asimismo, USO ha celebrado que la Junta “reconozca finalmente la naturaleza estructural de estos puestos, lo que ha derivado en su creación en el Capítulo I de Gastos de Personal en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2025, como ya veníamos reclamando desde 2022”. Este paso garantiza la continuidad del programa, que tiene un impacto directo en la mejora del rendimiento escolar futuro del alumnado; la detección y atención temprana de necesidades educativas y la a conciliación laboral y familiar, especialmente en núcleos rurales.
Sin embargo, desde USO consideran “inaceptable” que no se hayan adoptado medidas para evitar el cese del personal que actualmente desempeña estas funciones. “Ya advertimos en la mesa de negociación que estos puestos tienen un carácter permanente y que los contratos actuales se encuentran en situación de fraude de ley”, ha relatado el sindicato. Por ello, ha exigido que todos los contratos vigentes se transformen en indefinidos “hasta la cobertura reglamentaria establecida en el V Convenio Colectivo de Personal Laboral de la Junta”.
Para USO, la situación no solo afecta a las familias de los profesionales, sino también al propio funcionamiento de las aulas. “Además del impacto laboral, la medida tendrá consecuencias directas en miles de niños de entre 1 y 3 años que tendrán que enfrentarse nuevamente al periodo de adaptación, al ser sustituidos sus educadores actuales”, ha aclarado.
La continuidad del servicio, en entredicho
Por su parte, UGT ha asegurado que la interrupción de los contratos actuales se ha producido por la obligación de evitar situaciones de fraude de ley, pero sin un plan de transición que garantice la continuidad del servicio educativo ni la estabilidad de los trabajadores. Una “falta de planificación” que ha generado “incertidumbre laboral” para los técnicos y un “impacto negativo” en las familias afectadas.
UGT ha pedido nuevos créditos presupuestarios y buscar más fórmulas que permitieran la continuidad, al menos hasta la finalización del curso escolar, “máxime cuando la ejecución del programa permite llegar hasta el 31 de diciembre de 2025”.
Un llamamiento único inmediato tras el 31 de diciembre para cubrir las 227 vacantes con personal proveniente de los procesos selectivos de oposición es la propuesta de UGT. A su juicio, esta medida permitiría que todos los técnicos estuvieran en sus puestos a partir del 8 de enero de 2025.
A la preocupación por la situación se ha sumado Unidas por Extremadura, cuyo diputado Joaquín Macías ha criticado que los profesionales van a perder su trabajo el 31 de diciembre “por una decisión inexplicable del Gobierno del PP”, calificándola de “chapuza”. “Se sabía que la financiación europea se acababa este año y que debían ser sufragadas desde Extremadura”, ha dicho.
En nota de prensa, ha explicado que en lugar de subrogar sus contratos hasta finalizar el curso y, al mismo tiempo, sacar otro proceso selectivo para que los nuevos profesionales se incorporaran durante el curso siguiente, han decidido “cortar por lo sano, sin importar las consecuencias que esto pudiera generar”.