La Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Centros Públicos (Freampa-CP) ha preguntado públicamente este lunes qué está pasando con la asistencia a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
En un comunicado, ha mostrado su “preocupación” por lo que acaba de pasar en el colegio Giner de los Ríos de Mérida, en el que ha dimitido en bloque su equipo directivo por la supresión de una plaza de especialista de audición y lenguaje.
Asimismo, ha mostrado su apoyo al colegio Manuel Ordóñez Maestro, de Valdecaballeros, donde los padres y madres se vienen manifestando cada miércoles desde que empezó el curso por la supresión de una plaza de maestro itinerante de Primaria.
Pese a respetar la igualdad de ratios, a su juicio “pone de manifiesto la inequidad del sistema, ya que no se pueden manejar los mismos números y criterios en el entorno rural y en las ciudades”.
Tras todo esto, la Freampa-CP se pregunta: “¿Faltan especialistas para niños con necesidades específicas de apoyo educativo en nuestros centros?, ¿se está apostando por la Extremadura rural?, ¿se quiere luchar contra la despoblación?”.
A su juicio, el número de alumnos aumenta y los profesionales no. “Los estudiantes con diversidad funcional no pueden estar desatendidos, ya sea por el sobre ratio que sufren los maestros de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje , los cuidadores auxiliares técnicos educativos o por la escasez de horas en las que están contratados, pues en muchos centros desempeñan su labor únicamente en un período de media jornada”.
La federación ha recordado que el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece para Infantil que “1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa; en la atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, participación y convivencia; en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones”.
Según esta federación, las necesidades educativas de niños con autismo, Síndrome de Down, parálisis cerebral o con dificultades auditivas que no estén siendo satisfechas en esta etapa producirán un efecto sobre su futuro académico que puede ser determinante.
“No podemos permitir que se abra aún más la brecha de desigualdades y desequilibrios en los centros públicos de nuestra región, pues las familias que puedan permitírselo recurrirán a gabinetes externos para obtener la atención que no les ofrece la Administración”.