La asociación de docentes de la enseñanza concertada de Extremadura (Adecex) ha propuesto bajar la ratio de alumnos por clase porque contribuiría a asentar población rural y mejorar el éxito educativo.
La asociación dice ver con preocupación la crisis sobre Extremadura. “Despoblamiento rural, emigración y baja natalidad son parte de los efectos de la misma, y que afectan al tema objeto de debate. Sin embargo, consideramos que dichas consecuencias no deben ser utilizadas como coartada para un interesado enfrentamiento entre pública/concertada. Las leyes orgánicas y sentencias judiciales deben ser las que marquen la coexistencia allí donde conviva la enseñanza pública y la enseñanza concertada”.
Se ha manifestado así Adecex en relación al próximo decreto que establecerá las normas relativas a la suscripción, renovación, modificación y extinción de los conciertos educativos en Extremadura, para el sexenio comprendido por los cursos 2017/2018 al 2022/2023 en Educación Primaria, y para el cuatrienio comprendido por los cursos 2017/2018 al 2020/2021 en el resto de enseñanzas.
Aclara que tanto en el Decreto 19/2009 como el Decreto 108/2013 que establecieron las normas para la aplicación del régimen de conciertos educativos de los sucesivos cuatrienios 2009/2013 y 2013/20017 recogían los elementos objeto de debate actual.
Sobre la financiación de los centros concertados, sendos decretos establecen que “las cantidades necesarias para financiar los conciertos educativos en cada curso escolar se determinarán en la orden anual de convocatoria, teniendo en cuenta el importe de los módulos económicos establecidos para cada ejercicio presupuestario. En todo caso, la aprobación de los conciertos educativos se encuentra condicionada a las disponibilidades presupuestarias existentes, y al principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.
20 millones menos
Luego cada curso escolar estaba supeditado a las cuantías que los Presupuestos Generales de Extremadura consignaran para dicho sector. Hasta tal punto nada estaba asegurado que los primeros presupuestos del Gobierno de José Antonio Monago recogieron 20 millones de euros menos para el ejercicio 2012 con respecto al ejercicio anterior, que correspondía al Gobierno de Fernández Vara.
También ambos decretos refieren las “prioridades para la concertación”. Lo hacen en los términos siguientes: “Tendrán preferencia para acogerse al régimen de conciertos aquellos que, atiendan a poblaciones escolares de condiciones socioeconómicas desfavorables o los que realicen experiencias de interés pedagógico que reviertan en beneficio del sistema educativo. En todo caso, tendrán preferencia los centros que, cumpliendo los requisitos señalados en el precepto, estén constituidos y funcionen en régimen de cooperativa”.
Y en lo que se refiere a ratios alumnos/unidad, los dos decretos establecieron como obligaciones de los centros, entre otras, la de “tener una relación media de alumnos por unidad escolar no inferior a la que determinen las Delegaciones Provinciales de Educación, teniendo en cuenta la existente en los centros públicos del municipio o, en su caso, de la comarca en la que esté ubicado el centro”.
Adecex aprovecha para subrayar que ninguno de los gobiernos que han presidido la Junta de Extremadura ha establecido calendario de homologación salarial para los docentes de la concertada con respecto a sus homólogos de la pública. En tal sentido, de una parte, tanto PSOE como PP acordaron que dicho calendario no estuviera en la Ley de Educación de Extremadura (DOE, 9 de marzo de 2011); y de otra, que la propuesta 677 -“impulsaremos un acuerdo de homologación salarial del profesorado de la enseñanza concertada”- recogida en el Programa de Gobierno del Partido Popular con el que José Antonio Monago concurrió a las elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2011, fue “un brindis al sol”.
“Monago no impulsó la prometida homologación salarial, que reclamaba desde el año 2008 en la Asamblea de Extremadura; ni abonó la paga extraordinaria por antigüedad a los docentes en pago delegado de los centros de atención a personas con discapacidad, que tanto denunció su grupo en la Asamblea de Extremadura desde el año 2009”.