Los centros educativos extremeños registraron 14 casos de acoso escolar en el curso 2021/2022, mayoritariamente en niños y en la educación secundaria obligatoria, una cifra superior a la del curso anterior, cuando se registraron seis, pero lejos de los 35 que se notificaron en el previo a la pandemia, el 2018/2019.
Son algunos de los datos que arroja la memoria sobre convivencia en los centros escolares extremeños correspondiente al curso 2021-2022, que este lunes ha presentado en rueda de prensa el secretario general de Educación, Francisco Javier Amaya, después de informar al Pleno del Observatorio para la Convivencia Escolar.
Según ha detallado, se formularon 89 denuncias de acoso escolar, de las que solo 14 fueron finalmente constatadas, 10 de ellas en educación secundaria y 4 en primaria; por tipología, 9 casos fueron de acoso y 5 de ciberacoso, y por sexo, 10 afectaron a niños y 4 a niñas.
En siete de estos catorce casos, fueron los centros escolares los que dieron “la voz de alarma”, mientras que en tres lo hizo la familia, en uno los servicios sociales del ayuntamiento, en otro la Policía Local y en los dos restantes se comunicó por otra vías, ha precisado.
De acuerdo con el informe, en el que han participado los 713 centros docentes extremeños sostenidos con fondos públicos de enseñanzas obligatorias y postobligatorias preuniversitarias, se consignan distintos tipos de acoso, como insultos, amenanzas, agresión física y verbal, la difusión de imágenes de la víctima y su exclusión.
En los cuatro casos en los que se hace referencia al lugar del acoso, dos han señalado el recreo, uno el aula y otro la plaza del pueblo.
Durante el curso 2021/2022 se registraron además 70.606 conductas contrarias a las normas de convivencia -consideradas faltas leves-, 12.712 más que el curso anterior aunque 2.524 menos que en el curso previo a la pandemia, que afectaron a 31.428 alumnos.
La educación secundaria volvió a ser la etapa más afectada con el 87 % del total de casos y las conductas más habituales fueron la perturbación del normal desarrollo de las actividades de la clase (30 %) y actuaciones incorrectas hacia algún miembro de la comunidad educativa (29 %).
Las correcciones más habituales fueron el apercibimiento, bien oral (28 %) o por escrito (56 %).
En el apartado de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, se contabilizaron 10.357, un 5 % menos que el curso anterior, y 6.549 estudiantes implicados, 121 menos, aunque solo un 2 por ciento de ellos fueron autores de estos hechos.
La reiteración en un mismo curso de estas conductas (19 %) e impedir el normal desarrollo de las actividades fueron las conductas más habituales, aunque también figuran agresiones a compañeros.
En estos casos, según ha explicado Amaya, la realización de tareas para restaurar la convivencia-como puede ser ayudar en la biblioteca del centro o una mediación entre víctima y agresor- ha desbancado del primer puesto a la expulsión entre las medidas correctivas utilizadas.
“Es hacia donde caminamos en el nuevo modelo de convivencia en el que está trabajando la Consejería de Educación”, ha indicado su secretario general, que se conocerá cuando se publique el nuevo decreto de igualdad y convivencia que derogará el de derechos y deberes del alumnado.
A este respecto, el secretario general de Educación ha explicado que se trata de trabajar con la víctima garantizándole la “protección absoluta” pero también con el acosador, a fin de conocer las causas que le han podido llevar a cometer determinados actos, partiendo de la premisa de que “víctimas son los dos”.
Respecto al lugar donde tienen lugar las conductas contrarias a la convivencia y las gravemente perjudiciales, la mayoría se desarrollan en clase -un 85 y 75 % respectivamente- y en el patio del recreo un 5 y 10 %.
Amaya ha destacado que la convivencia es “fundamental” para el desarrollo académico, social y para adquirir cualidades como la empatía y el respecto a lo diferente, algo en lo que también se trabaja a través de iniciativas como el Programa de Ayuda entre Iguales, que este curso llega a 237 centros, o la figura del coordinador de bienestar y protección, presente en todos los centros.