El sindicato CSIF ha valorado que la Consejería de Educación ejecute una sentencia que afecta a unos 2.500 interinos docentes que no pudieron incorporarse a su puesto el 1 de septiembre en el curso 2018/19, y que a partir de ahora podrán solicitar su reconocimiento tanto económico como administrativo.
Dicha sentencia, ganada por CSIF ante el Tribunal Supremo tras un largo recorrido judicial, avala las consideraciones de este sindicato en su demanda contra la desestimación inicial del recurso de reposición presentado contra una resolución -agosto de 2018- de la Dirección General de Personal Docente, que establecía que los funcionarios interinos que hubieran obtenido destino se incorporarían a sus plazas asignadas en la segunda semana de septiembre, cuando la incorporación, según CSIF, debía ser el 1 de septiembre.
De esta forma, según explica el sindicato, los efectos administrativos les serán reconocidos a los interinos el próximo mes de febrero y los económicos se les abonarán en la nómina del mes de marzo. La cantidad aproximada que deberá desembolsar la Junta para ejecutar este mandato judicial “puede superar el millón de euros”.
A juicio de CSIF, la ejecución de este nuevo mandato judicial avala que miles de interinos docentes no universitarios de la comunidad se incorporen a las aulas a fecha 1 de septiembre y no en días posteriores como ha venido ocurriendo hasta ahora, “lo que mejorará la organización de los centros educativos”.