La Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura (Aceigex) ha acusado a la Consejería de Educación de buscar el “cierre definitivo” de los centros infantiles privados, con la apertura de aulas de 1 y 2 años en los públicos.
En una nota, exige a la Junta de Extremadura que invierta dinero en políticas de fomento de la natalidad para garantizar en el futuro suficientes niños para llenar las aulas vacías de los colegios mientras que sus necesidades de educación infantil siguen atendidas “como hasta ahora” por los centros públicos y privados existentes.
Están a favor de que la educación infantil sea gratuita para las familias “pero totalmente en contra de que se ofrezca un solo tipo de educación infantil gestionada por la Consejería de Educación, que es el modelo que quieren implantar en Extremadura”.
Subraya que ahora mismo existe una gran diversidad educativa en los centros privados con diferentes horarios y diferentes metodologías y que las familias son las que eligen libremente qué tipo de educación se adapta mejor a sus necesidades y a las de sus hijos.
Según indica la asociación, sorprende que la Consejería de Educación esconda “su afán de control de la educación” basándose en excusas que, a su juicio, no se sostienen, como la conciliación, dado que los centros privados son “mucho mejores” para conciliar que los públicos, que sólo abrirán de 7:30 a 15:30 horas y sólo durante el calendario escolar.
Respecto al mejor aprovechamiento de los colegios de infantil y primaria por la baja natalidad, Aceigex considera que es una “tomadura de pelo porque si se hubiesen hecho mejores políticas de fomento de la natalidad ahora esas aulas se aprovecharían adecuadamente atendiendo a los alumnos para los que fueron construidas”.
Y respecto a hacer efectivo el derecho a una educación temprana, señala que si le hubiese preocupado a la Consejería en algún momento estaría mucho más en contacto con la asociación, que cuenta con casi 100 centros en toda Extremadura y con unos 4.000 alumnos de 0 a 3 años.
Acusa además al Ministerio y la Consejería de tergiversar los datos al afirmar que sólo el 30 % de la población de 0 a 3 años está escolarizada en Extremadura y un 90% en centros públicos porque “saben perfectamente que hay muchos más alumnos en centros infantiles pero no les interesa contar los de los centros privados”.
En las poblaciones medias y grandes de la región existe mucha más oferta privada que pública.
Este “ataque innecesario” a los centros infantiles privados supone el despido de cientos de mujeres trabajadoras y emprendedoras de la región, muchas de las cuales desarrollan su actividad en entornos rurales donde el acceso al empleo es aún más complicado.
2.000 plazas
La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha asegurado por contra que la intención de la Junta con la apertura de aulas en centros públicos para niños de 1 y 2 años no es “desbancar” al sector privado de las guarderías.
Así lo ha recalcado en Don Benito Esther Gutiérrez, que si ha incidido en que el gobierno autonómico tiene la intención de incorporar algo más de 2.000 plazas en Extremadura en los próximos tres años con la apertura de dichas aulas.
Gutiérrez ha dicho que la administración regional está esperando las conclusiones de un estudio que determinará aquellos entornos rurales y urbanos donde haya más necesidades de escolarización en dicha franja , por lo que no se puede pronunciar más “hasta que no esté finalizado dicho estudio”.
En cuanto a las críticas efectuadas por la Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura, la consejera dice entender “el malestar que pueda tener cualquier asociación”, afirma que la Junta “va a ser muy coherente y va a empezar por los lugares donde hay necesidades y listas de esperas y aquellas zonas donde hay poca conciencia de escolarización”.
Según Esther Gutiérrez, la apertura de aulas de 1 y 2 años en centros públicos se enmarca en un compromiso electoral del presidente y dentro de los nuevos fondos europeos se va a distribuir el número de plazas que correspondan a cada comunidad en un plazo de 3 años.
La consejera ha recalcado que la intención no es desbancar al sector privado, pero se ha mostrado partidaria de “universalizar este servicio” adelantando la edad de escolarización “y se buscarán fórmulas que no dañen al sector privado; tendremos sensibilidad”.