La Junta de Extremadura, gobernada en coalición por PP y Vox, elimina la gratuidad universal de los comedores escolares y lo hace generando diferencias importantes a la hora de baremar qué familias podrán acceder al servicio durante este curso, que ha comenzado este lunes con polémica, y cuáles tendrán que pagar para poder disfrutarlo.
El anterior Ejecutivo autonómico, dirigido por el socialista Guillermo Fernández Vara, aplicó la gratuidad del comedor escolar y del servicio de aula matinal en enero de 2023 para todos los estudiantes que ya fueran usuarios en el momento de entrada en vigor de esta medida, que, posteriormente, se aplicó también a los centros educativos concertados. Poco después, en marzo, la Junta anunció la prórroga de esta decisión para los cursos 2023-2024 y 2024-2025, pero en esta ocasión se ampliaba a todos los alumnos y así está recogidos en los presupuestos para este ejercicio.
Sin embargo, ha sido tal el efecto llamada de esta medida que el nuevo Gobierno regional, que preside María Guardiola, ha dejado fuera a 2.126 estudiantes que sí podrán disfrutar del comedor escolar pero tendrán que hacerlo abonando a la empresa de catering el precio del menú, es decir, 5,77 euros diarios. Según ha explicado la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, las familias obligadas a abonar de su bolsillo el coste del servicio se beneficiará, al menos, del precio que las empresas han acordado con la Junta de Extremadura.
Vaquera ha precisado que su departamento ha recibido 17.619 solicitudes pero solo ha podido ofrecer la gratuidad a 15.493, a pesar de que este curso hay unos 2.000 alumnos menos matriculados en la comunidad. Según ha dicho, “en menos de cuatro días” Educación ha conseguido incrementar las plazas en 475, pero no el servicio gratuito.
La avalancha de solicitudes debido a la gratuidad universal de los comedores escolares ha supuesto problemas para 27 colegios que no tenían espacio suficiente para atender la demanda, pero la solución alcanzada pasa por organizar tres turnos de comida. En esos casos, la Junta se hará cargo del coste de los monitores que atienden a los menores durante el almuerzo.
Una de las dudas y críticas planteadas por las familias una vez publicado el listado de beneficiarios y excluidos, que se dio a conocer de forma telemática a última hora del jueves 7 de septiembre, víspera del festivo del Día de Extremadura, tiene que ver con los criterios seguidos por la Junta de Extremadura para dar luz verde a las solicitudes. Según la titular de Educación, la selección se ha hecho por centros escolares, por lo que se da la circunstancia de que ante la misma situación económica, hay alumnos que recibirán el servicio gratis y otros tendrán que abonarlo. Pero es que los ingresos no ha sido el único criterio, también se ha valorado si los menores estudian fuera de su población y las necesidades de conciliación de los padres y madres.
“Agravio comparativo” entre familias
Según han denunciado una madre del colegio Alba Plata de Cáceres a elDiario.es/Extremadura, “nos hemos encontrado con la sorpresa de que disponen de plaza de comedor gratuito hijos cuyos ambos progenitores son funcionarios: docentes (algunos son hijos de docentes del propio centro escolar), Policía Nacional, sanitarios... que ingresan mensualmente alrededor de 4000 euros al mes netos. Lo sabemos porque son sueldos públicos”.
Por ello, considera “escandaloso” que hogares con esos ingresos “tengan el beneficio de que la manutención de sus hijos sea gratuita, pagada con impuestos a los que en mi familia también contribuimos”. Esta denuncia se repite en numerosos centros escolares de toda la región, por lo que por la tarde de este lunes se han convocado reuniones de las asociaciones de padres y madres, que piden explicaciones a los equipos directivos de los colegios y al Gobierno extremeño.
De hecho, la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Públicos (Freampa) ha pedido a la Consejería de Educación que derogue la instrucción que regula el funcionamiento de los comedores escolares este curso o amplíe el presupuesto destinado a este servicio para evitar el “agravio comparativo” que se ha generado entre las familias.
La asesora técnica de la organización, Esther Morales, ha pedido “explicaciones” a la Consejería ante el “bombardeo” de quejas que han recibido después de que el pasado jueves, a tres días del inicio del curso escolar, fueran publicadas las listas de admitidos gratuitamente. Morales ha asegurado que hay familias que no necesitaban el servicio y que han resultado beneficiarias en detrimento de otras que sí lo requerían por motivos de conciliación laboral pero que se han quedado fuera de la gratuidad por criterios de renta.
Además, ha subrayado además que la instrucción dictada por Educación establecía que “las plazas iban a ser gratis para todo el mundo”, por lo que las familias no entienden que en casos con niveles de renta similares, unas se vayan a beneficiar de la gratuidad y otras no.
Morales ha aclarado que la Freampa apoya la gratuidad del servicio para los alumnos económicamente vulnerables, pero ha lamentado la situación generada, que ha provocado que en algunos centros educativos se habiliten hasta tres turnos de comedor para poder atender al alumnado.
Recortes en Educación
Esta situación también ha sido el tema protagonista en la política regional. El PSOE cree que la gestión de este asunto “ha desbordado” al Gobierno de María Guardiola, que, aunque sabía que la demanda de plazas iba a aumentar, “no ha sido previsor y ha dejado fuera -de la gratuidad- a más de 2.100 niños”.
La secretario de Organización del PSOE, Marisol Mateos, ha afirmado que se trata de “un derecho universal y gratuito que deben tener todos los niños y niñas” y “ellos lo han revertido”, ha aseverado Mateos, para quien no es de recibo que las familias excluidas tengan que negociar con las empresas de catering la prestación del servicio, algo de lo que se enteraron el pasado jueves. “La solución de Guardiola es que el quiera comedor se lo pague, en lugar de tener capacidad de previsión y reconocer un derecho universal”, ha añadido.
Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha advertido del inicio de los “recortes” del Gobierno de coalición PP-Vox en Extremadura y ha subrayado que, si hay plazas suficientes para atender a la demanda de los comedores escolares, todas deben ser gratuitas. A su juicio, la eliminación de impuestos “para favorecer a una minoría privilegiada” es a costa de servicios como este, que son “irrenunciables” para la conciliación de la vida laboral y familiar de las familias y que permiten que algunos niños tengan una comida completa del día.
Esta situación ha hecho que el inicio este lunes del curso escolar para las enseñanzas obligatorias haya sido un “caos” para muchas familias, con las que el PP no ha mostrado “empatía”, según la diputada.
De Miguel ha recordado a la Junta de Extremadura que en la ley de los presupuestos regionales para 2023 recoge textualmente que el servicio de comedor “será gratuito para todos los usuarios que tengan plaza”.