La organización sindical USO ha reprochado que la Junta de Extremadura siga despidiendo a los ATE-Cuidadores que prestan servicios en los centros educativos públicos de la región para volverlos a contratar en septiembre, una situación que considera insostenible y por la que estaría dispuesta a iniciar movilizaciones.
La secretaria de Organización de USO-Extremadura, Eva Vargas, ha lamentado las condiciones precarias que mantiene este colectivo, pertenecientes al grupo IV de personal laboral y que es el encargado de atender a alumnos/as con necesidades especiales.
Estos trabajadores, que cuentan con reducciones de jornada al 80% y con contratos al 80% de la anualidad, son despedidos en los meses de julio y agosto teniendo que pasar a cobrar el subsidio por desempleo.
La situación afecta a una cifra aproximada de 371 trabajadores, 38 de los cuales son personas que han aprobado una plaza fija por oposición libre y que al pasar a trabajar a la administración se encuentran que su salario mensual que no llega al salario mínimo interprofesional, ha explicado Vargas.
Así, un trabajador ATE/Cuidador con 10 años cotizados, con trienios y carrera profesional, cobra alrededor de 1.100 euros mensuales.
La dirigente sindical ha recordado que los contratos de este personal que se hacían hasta 2008 eran al 100% de la jornada a razón de 35 horas semanales, con un horario de trabajo según lo establecido en el V Convenio Colectivo y con una duración de todo el curso escolar.
Sin embargo, a partir de 2013, los contratos pasaron a realizarse con una duración de 6 meses prorrogables hasta el final de curso (30 de junio), a lo que se unió la reducción de la jornada hasta el 80%.
Además, según ha explicado Eva Vargas, en 2014 el personal temporal que encadenaba contratos en el mismo puesto consiguió convertirse por orden judicial en personal laboral indefinido no fijo y a partir de septiembre de 2022 se produjo la incorporación por primera vez del personal fijo por oposición libre con contratos al 80%, lo que conlleva a una contradicción entre lo recogido en el V Convenio.
Para Vargas, trabajar al 80% de la jornada laboral y al 80% de la anualidad, implica una doble reducción difícil de sobrellevar, ya que merma la cotización a la Seguridad Social, afecta a las futuras pensiones, reduce las cuantías en trienios y carrera profesional, además de ofrecer retribuciones mensuales precarias.
Igualmente, las vacaciones y días de asuntos particulares son calculados en base al porcentaje del 80% sin posibilidad de elegir vacaciones, ya que los tienen prorrateados siguiendo el calendario escolar con el inconveniente de no poder elegir periodos vacacionales.
Por otra parte, estos trabajadores tienen siempre la obligación de presentar la declaración de la renta por tener un segundo pagador y tienen también la desventaja de no tener un destino fijo.
USO ve incomprensible, según ha insistido su secretaria de Organización, que la administración autonómica mantenga esta precariedad laboral y no ponga solución al despido al que se enfrenta este colectivo todos los años en periodo estival, algo que no ocurre con el resto de personal de colegios e institutos de Extremadura.
Por ello, la organización sindical ha iniciado una recogida de firmas para instar a la Junta a dar solución de una vez por todas a esta situación y advierte que de no ser así, no se descartan movilizaciones al inicio del curso escolar 2024-2025, así como las acciones judiciales que se consideren pertinentes.