El sindicato de profesorado de la secundaria pública ANPE se ha quejado por la “incertidumbre” y “caos” de las oposiciones a docentes de este año, una situación que califica de “insostenible” por la “falta de coordinación” tanto en todas las comunidades como a escala estatal.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado que la oferta de empleo público de 2017 va ligada a la Ley de Presupuestos del Estado de este mismo ejercicio, que aún no se ha aprobado, donde se fijarán cuestiones como la tasa de reposición de bajas; y el Gobierno trabaja en busca de una solución para que se puedan sacar la convocatorias de plazas.
José Venzalá, de ANPE Extremadura, ha dicho en la televisión regional que cuando se había llegado a unos acuerdos “nos han movido todo, las fichas y el tablero”.
El sindicato, en un comunicado, considera que el Ministerio de Educación “no ha ejercido el papel vertebrador” necesario en las actuales circunstancias, mientras que fuentes de este departamento se han remitido a Hacienda por tratarse de empleo público.
Los responsables de las comunidades han sido incapaces de ponerse de acuerdo en las convocatorias de oposiciones y el Gobierno “no ha proporcionado aún la seguridad o garantía jurídica que permita las posibles convocatorias”.
Falta de liderazgo en el Ministerio de Educación
Lamenta el sindicato la oportunidad “perdida” este año por la “falta de liderazgo e inacción” tanto de Educación, que debería ser el “impulsor y coordinador de todas estas cuestiones, como de las consejerías autonómicas.
En los últimos meses, reprocha, ha habido comunidades que convocaban oposiciones y otras que no, unas para maestros, otras para las enseñanzas medias, “siendo incapaces de coordinarse y ponerse de acuerdo en qué y cuándo convocar”.
Como ejemplo, señala que varias comunidades están “replanteándose anular la convocatoria de oposiciones que habían anunciado previamente”.
Así, exige al Ministerio de Educación y a los responsables de las autonomías “medidas a corto y largo plazo”.
ANPE reclama “garantizar y dotar de la seguridad jurídica necesaria” la convocatoria de oposiciones en aquellas comunidades autónomas que deseen realizarla.
Pide también que se acuerde y establezca un “plan o calendario” para todas las autonomías que garantice la convocatoria anual de “amplias ofertas” de empleo público pare reducir la tasa de interinos entre el 6 % y 8 % en toda España.
Y exige al Gobierno y a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales que arbitren los mecanismos necesarios para que la tasa de reposición de bajas “no resulte una limitación” en las convocatorias.