La Audiencia Provincial de Badajoz ha acogido este martes el juicio contra el exalcalde de Usagre, Antonio Luna, por un presunto delito de prevaricación administrativa vinculado a la construcción de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, al conceder la licencia urbanística sin tener todas las autorizaciones, según las acusaciones.
Tanto el ex primer edil como la ex teniente de alcalde María Dolores Esteban, imputada también por estos hechos, se enfrentan a una petición inicial de pena por parte de la fiscalía pacense de 12 años de inhabilitación para empleo público. Por su parte, la acusación particular pide siete años y medio de prisión, ya que los acusa de prevaricación y tráfico de influencias.
Ambos acusados han defendido durante la vista que la actuación se realizó conforme a lo asesorado por los técnicos y, en este sentido, Luna ha afirmado que se trasladó que los documentos “menores” que pudieran faltar podrían solicitarse después.
También se sienta en el banquillo el administrador de la empresa responsable de la planta al inicio del proyecto por un delito de falsedad en documento oficial cometido por particular.
Antes de la vista, la letrada de la acusación (la firma Natura Manager, quien fue propietaria de los terrenos, cuya expropiación dirime a su vez el Tribunal Supremo), Dorinda Aventín, ha manifestado a los medios que “además de las irregularidades administrativas” existentes, la prevaricación debe considerarse “urbanística”, pues la planta “incumple la normativa urbanística”.
En su opinión, la licencia es fruto de un procedimiento irregular y además “se juzga falsedad en documento público, pues cuando Núñez de Balboa solicitó la licencia en 2017 no tenía la declaración de impacto ambiental ni la autorización previa constructiva” pero “el administrador firmó que sí la tenía”, ha dicho.
La abogada ha afirmado que las diligencias previas de este proceso arrancaron en 2019, por lo que “han sido seis años de instrucción”, período donde la planta “se construyó en un tiempo récord y se puso en marcha”, un ejemplo más “de las irregularidades aparejadas a este proceso”.
El abogado de María Dolores Esteban, Ildefonso Seller, ha dicho a su vez que durante el juicio “se solicitará la absolución para todos los procesados”, al entender que existe “realmente un motivo espurio, el económico” para acusar a las personas que se sientan en el banquillo.
Por su parte, Jesús Santos, letrado de la planta Núñez de Balboa, que gestiona actualmente Iberdrola, ha considerado el juicio “un despropósito, un montaje de unas acusaciones particulares que no tienen legitimación para ello”, vista que finalmente “se limita a un delito de falsedad en documento oficial y prevaricación” con objetivo de pedir “no solo la nulidad de la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Usagre, sino también el desmantelamiento de la instalación solar fotovoltaica”.