En su intervención en el curso promovido por Jóvenes Nucleares, (asociación de jóvenes estudiantes y profesionales del lobby nuclear), la presidenta de la Junta de Extremadura dijo el viernes que casi el 100% de la energía que se produce en nuestra región es energía limpia. Por supuesto, ha añadido, en estas cifras estaba incluyendo a la energía nuclear.
Creo que resulta necesario decir a la presidenta que no, que la energía nuclear no es limpia, pues los residuos de Alta Actividad que produce (radiactivos claro y de larguísima vida), siguen ahí y seguirán durante miles de años. Hay que recordar que estos residuos de Alta Actividad nadie los quiere cerca por lo que la solución arbitrada es la de guardarlos al lado del emplazamiento donde se producen. Es decir, antes o después, cuando se clausure y desmantele la Central Nuclear de Almaraz (CNA), el cementerio nuclear seguirá ahí, junto a Almaraz, para siempre, como legado a las futuras generaciones. El problema añadido es que, además, habrá que ampliarlo para poder acoger lo que se siga produciendo.
También ha dicho la presidenta que más del 80% de la energía que se genera aquí, en Extremadura, la exportamos a otras regiones. Tiene razón la presidenta pues nuestro consumo no llega al 20% de lo que producimos. Lo que olvida decir la presidenta es que esa “exportación” no la hacemos nosotros, los extremeños, aunque María Guardiola hable, con énfasis, de “nuestra” central nuclear. Quienes exportan la energía que producen son las empresas propietarias de las instalaciones productoras, empresas que no tienen su sede social en la región por lo que ya sabemos dónde van los impuestos que pagan y los dividendos que reparten.
Según nos traslada ella misma a través de su perfil en la red X (antigua Twitter), hay razones más que evidentes para extender la vida útil de la central de Almaraz. No ha dicho cuáles, más allá de la supuesta contribución a la soberanía energética nacional. Es de esperar, -puesto que según ha manifestado su gobierno ha presentado alegaciones a la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)-, que la Junta de Extremadura explique a la ciudadanía extremeña cuáles son esas razones, más allá del mantenimiento de los puestos de trabajo, directos e indirectos que la central genera, que, con ser muy importantes, no creo deban justificar la prolongación (¿durante cuánto tiempo?) de unas instalaciones que han rebasado con creces la vida útil para la que fue diseñada.
Mientras esas explicaciones llegan, no estaría mal que quienes se oponen a la clausura y desmantelamiento de la CNA a partir de 2027 se leyeran el PNIEC y su actualización. En estos documentos, avalados por la Comisión Europea, se contienen las razones que justifican el cambio en el mix energético que el Gobierno de España plantea, cambio que, por cierto, en lo que al parque nuclear se refiere, cuenta con el consenso de la multinacionales eléctricas propietarias de los siete reactores en funcionamiento en España, que firmaron en tal sentido en 2019 un acuerdo con la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA). Aunque con la boca chica los propietarios de la CNA, ante algunos auditorios, dicen que quieren la continuidad, realmente la gran batalla de las nucleares será contra los impuestos que pagan y que deberán seguir pagando para financiar el desmantelamiento de sus instalaciones y los cementerios de residuos radiactivos.
Una última consideración respecto a las consecuencias para el Campo Arañuelo del cierre, ahora o más tarde, de la central nuclear. En el propio PNIEC se establece el mecanismo para mitigar estas consecuencias: los Convenios de Transición Justa, aplicados ya a las comarcas afectadas por cierres de otras tecnologías.“Estos convenios tienen como objetivo prioritario el mantenimiento y la creación de actividad y empleo en las comarcas afectadas, a través del acompañamiento a sectores y colectivos en riesgo, la fijación de la población en los territorios rurales y la promoción de una diversificación y especialización coherente con el contexto socioeconómico de cada zona”. (PNIEC, Medida 1.15. Estrategia de Transición justa)
Es de suponer que la Junta de Extremadura ya estará trabajando en ello. ¿O no?