El consejo de gobierno ha modificado el decreto que regula las ayudas al autoconsumo y almacenamiento energético en Extremadura para resolver el “atasco” que sufre su gestión y dar un “impulso enorme” a las resoluciones a lo largo de este año, dado que hasta el momento solo se han tramitado más 3.500 de las 11.400 solicitudes que el Ejecutivo regional se encontró cuando tomó posesión.
Según detallado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, se han modificado las bases reguladoras y se amplía la vigencia del programa hasta el 31 de julio de 2024, aunque se mantiene diciembre de 2023 como fecha de presentación de las solicitudes. La ampliación al 31 de julio solo tiene carácter técnico para adaptación al decreto nacional para poder seguir resolviendo las solicitudes.
Como novedad, la consejera también ha anunciado que para dar m´ñas agilidad y evitar más retrasos se modifica el criterio de atención de solicitudes, que serán atendidas por orden de registro, un lugar que no se perderá si desde la administración se pide al solicitante documentación o la subsanación de alguna incidencia, algo que no ocurre actualmente “donde la solicitud pasa al final” del registro.
Mercedes Morán ha precisado que actualmente se dispone para estas ayudas de 40 millones de euros, aunque por el momento y a la espera de que se vayan agilizando las solicitudes actuales, que datan de 2022, no se abrirá convocatoria alguna.
La consejera, que ha confirmado por el momento en Extremadura no se han abonado estas ayudas, ha recordado que Extremadura fue la única comunidad autónoma que tenía bases reguladoras y convocatorias mediante decreto y con condiciones tan estrictas, lo que ha hecho que su resolución no haya sido tan ágil como en otras regiones, una circunstancia que se quiere solventar con esta modificación.
Además, ha avanzado que si hay próximas convocatorias se harán mediante otro tipo de normas, que hagan más fácil que estas ayudas lleguen cuanto antes a los ciudadanos.
La consejera ha reconocido que “evidentemente” en dos meses -hasta julio- no se podrá agilizar las resoluciones, aunque con esta modificación se espera darle “un impulso enorme”, a lo que sumará nuevas herramientas telemáticas y la contratación, sí fuese necesario, de más personal.