Más de 800 personas del sector de la educación concertada según la agencia Efe han exigido este martes en Mérida igualdad de condiciones para el profesorado y alumnado de estos centros que, según advierten, acogen un 20 por ciento de los estudiantes pero solo con un 9 por ciento del presupuesto educativo regional; en particular igualar los sueldos de los docentes con los de la pública, y más medios en general para la concertada.
Miembros de organizaciones sindicales, de padres y patronales se han concentrado a las puertas de la Asamblea de Extremadura -llegados de diferentes puntos de la región en catorce autobuses y vehículos particulares- para denunciar la discriminación que, denuncian, viene sufriendo el sector desde hace años.
La concentración estaba convocada por los sindicatos USO, FSIE y UGT, la patronal Escuelas Católicas, la asociación de padres y madres católicos Concapa, y las cooperativas de enseñanza, Ucetaex.
“Sí a la enseñanza concertada. Igualdad y libertad para todos”, “La educación es un derecho”, “Los políticos no deciden donde educar a nuestros hijos” o “Vara, tú también fuiste a un concertado” son algunos de los mensajes que se han podido leer en las pancartas que portaban algunos de los concentrados.
Entre ellos se encontraba el coordinador regional de Enseñanza de USO, Javier Montserrat, quien ha apuntado que Extremadura sólo destina un 9 por ciento de su presupuesto a la educación concertada pese a atender a un 20 por ciento del alumnado.
Se trata, ha precisado, de más de 30.000 estudiantes que están en centros sostenidos con fondos públicos pero que están “discriminados” por la titularidad del colegio que han elegido sus familias “y eso -ha aseverado- no es libertad”.
El secretario general de Enseñanza de USO estatal, Antonio Amate, también ha participado en esta protesta para apoyar a sus compañeros porque es “inadmisible” que en Extremadura no se esté disfrutando de las mejoras económicas y sociolaborales que, según ha afirmado, sí ha sufrido la educación concertada del resto de comunidades autónomas.
“Ya que prestamos el mismo servicio tenemos que hacerlo con las mismas condiciones”, a nivel retributivo, de periodos lectivos y de plantilla “para poder dar la mejor atención a todos los alumnos que eligen los centros concertados”, ha señalado.
4,5 millones para sueldos
Simultáneamente a la convocatoria, el Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado la suscripción de un acuerdo entre la Consejería de Educación y Empleo y las organizaciones patronales y sindicales de la enseñanza concertada de Extremadura para mejorar los niveles retributivos de este profesorado por importe de 4,5 millones de euros para 2018.
El artículo 13 y Anexo IV de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 incrementan los módulos económicos de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados, en la parte correspondiente a salarios y gastos variables del profesorado, en un 1,625 % respecto al año anterior.
Por ello, la Junta de Extremadura, con el objetivo de incrementar las retribuciones globales anuales del profesorado de la concertada en la misma proporción que la dispuesta para los módulos económicos de salarios y gastos variables, ha decidido hoy incrementar los complementos salariales de carácter autonómico en la misma proporción que esos módulos, según la reseña de los acuerdos.
Los efectos económicos del acuerdo tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018.
Llegada esa fecha, el acuerdo se entenderá prorrogado tácitamente por las partes durante un plazo máximo de seis meses en tanto sea sustituido por uno nuevo.
PIDE
El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha dicho, “ante los continuos ataques de los representantes de los centros privado-concertados, que sólo actúan en su beneficio”, que defiende la escolarización en los centros de educación pública ya que es “la única que redunda en el beneficio de todos”.
A juicio de PIDE, es “inadmisible e intolerable” la continuidad de la enseñanza privada-concertada, que “pagamos todos con nuestros impuestos”, ya que “es injusta y arbitraria, utilizando filtros para que a la misma no puedan acceder niños de familias humildes, inmigrantes o discapacitados”.
Consejera de Educación
La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, había mostrado en la víspera su “respeto total y absoluto” al sector de la educación concertada pero no cree que su reivindicación tenga “un calado y gran importancia”, pues solo se reducen “tres unidades”, mientras que con el anterior gobierno se reducían en “22”.
La titular de Educación ha insistido en que solo se han reducido “tres unidades” en Educación Infantil en Cáceres, Trujillo y Miajadas, y “siempre comparando con el resto de centros públicos”, en los que ha descendido el alumnado.
Ha defendido que el Gobierno de la Junta no pretende tener “discrepancias con la concertada, ni ningún desequilibrio”, pero -ha recalcado- no se puede hacer una “excepción” en este tipo de centros “si las cifras en los públicos no se mantienen”.
Por tanto, ha dicho, “igualdad” entre la educación pública, que representa el 80 %, y la concertada, que supone el 20 %.
“Yo no he visto estas manifestaciones en los años del anterior Gobierno, en el que incluso se llegó a reducir en 22 unidades y no se salió a la calle, pero entiendo que estamos de cara al último curso escolar y cada uno tiene que defender su parcela”