El excoordinador regional de IU, Pedro Escobar, ha afirmado que en 2011 Acorex ya tenía “metástasis” debido a una “mala gestión” desde 2002 a ese año y que IU “presionó” al Gobierno extremeño de entonces para que “interviniera” al amparo de la Ley de Cooperativas con el fin de “salvar” la agrupación.
“Voy a intentar que de ninguna manera quede en la memoria que IU tuvo alguna culpabilidad en el tema de Acorex”, ha aseverado Escobar en rueda de prensa para analizar el desarrollo de la Comisión no permanente de investigación en la Asamblea sobre este asunto.
Ha negado que la agrupación fuera “moneda de cambio” para que IU sostuviera al PP como afirmó el exdirector general de Acorex Javier Donoso, al tiempo que ha aseverado que “la demonización de Nogales es la demonización de IU, pues contaba con toda mi confianza y representaba a IU en las gestiones para tratar de salvar a Acorex”.
En su opinión, la rueda de comparecencias se ha convertido en “un carrusel de personajes en busca de culpables” y cree que la comisión concluirá sin saber “qué pasó con Acorex”, quiénes son los culpables o responsables, además de que “nadie va a asumir responsabilidades políticas o penales si las hubiera”.
Se trata de un ejercicio de “pseudotransparencia”, donde algunos más que otros “se empeñan en difundir ponzoña y mentiras”, ha indicado Escobar, para quien la situación actual es fruto de la “mala gestión del equipo gerencial que hubo entre 2002 y 2011, que tomó las decisiones importantes” aunque no cree que hubiera “mala fe”.
En este sentido, ha recordado que con este equipo se decidió ubicar Acosierra en Granja de Torrehermosa y no en Monesterio, y se concentró toda la transformación de tomate en las Vegas Altas cuando en Vegas Bajas no hay ninguna factoría de transformación.
Para Escobar, en Acorex “faltó espíritu cooperativo y sobró localismo” ya que las grandes inversiones se hicieron en las tres localidades de las que procedían “el presidente, secretario y gerente de Acorex: Santa Amalia, Granja de Torrehermosa y Miajadas”.
Estas tres, junto a las de “Obando y Coria”, que reúnen “el 60% de la facturación pero solo el 5% de cooperativistas”, han estado “manipulando al resto de cooperativas” y los cargos directivos y administrativos “se han repartido entre las cinco”.
Iba a funcionar “muy bien”
Ha mencionado que en 2011 Alejandro Nogales y él mismo mantuvieron una reunión con Javier Donoso y Ángel Zapata en la que se les transmitió que Acorex “necesitaba 20 millones de euros” que se invertirían en proyectos que iban “a funcionar muy bien”.
“Nos engañaron”, ha apostillado Escobar para precisar que después se comprobó que se “maquillaron las cuentas porque conociendo los datos, los bancos no hubieran avalado a Acorex”, un “maquillaje” que es “la causa primera y más importante de la ruina” del grupo, según los administradores concursales.
En este sentido, ha defendido que IU lo que hizo fue tratar de persuadir al Gobierno extremeño para que tomara algunas de las medidas de la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura en lo referido a la intervención temporal con el fin de “salvar” Acorex, algo que “ni PP ni PSOE querían”, que se pusiera dinero, como se logró con la aportación de 10 millones por parte de la Junta, y que Caja Rural de Extremadura fuera “el pulmón financiero” del grupo.
La ley establece que cuando en una sociedad cooperativa concurran circunstancias que pongan en peligro intereses de los terceros o de los socios o asociados, la Administración Pública podrá acordar tres tipos de medidas, donde la más “exigente”, la tercera, es “la suspensión temporal de la actuación de los órganos sociales de la sociedad, nombrando uno o varios administradores provisionales”.
Por otro lado, y como ejemplo de la falta de transparencia que existía en Acorex, ha mencionado que de la cooperativa de San Isidro de Miajadas hay “un grupo de cooperativistas, 20 o 25, que se han salido, que han pedido acceso libre a las actas, que les ha sido negado y están en pleito”.