El Consejo de Gobierno regional reunido este martes ha autorizado a Extremadura Avante Inversiones para formalizar el apoyo financiero a la empresa Laboratorios Doctor Larrasa, S.L., por un importe máximo de 2 millones de euros, cuyo objetivo es financiar el circulante necesario para el desarrollo de nuevos contratos.
La empresa Laboratorios Dr. Larrasa se constituyó en 2002, en Jerez de los Caballeros, como laboratorio de diagnóstico clínico veterinario, elaboración de autovacunas de uso veterinario y análisis agroalimentario, actividades que estaban orientadas a la obtención de recursos para la posterior puesta en marcha de proyectos de I+D+i.
Actualmente la empresa está llevando a cabo la explotación comercial de los resultados de I+D+i obtenidos a lo largo de 12 años, centrados en el análisis de variaciones genéticas aplicables a especies animales de interés económico (aves, porcino, bovino, ovino) y orientados a la prestación de un Servicio de Mejora Genética Asistida por Marcadores Moleculares.
La Encomienda
Por otro lado se ha aprobado un decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, con categoría de monumento, la Casa de la Encomienda de Moraleja, un edificio relevante que ha sido escenario de acontecimientos cruciales para esta localidad y su comarca.
Según los datos documentales, la fortaleza que se describe en el siglo XVI era un tanto modesta, tanto por la escasa complejidad de sus dependencias como por la inconsistencia de su fábrica. Por ello se cree que la primitiva fortaleza debía responder a planteamientos defensivos de relativa urgencia, operados durante el siglo XV para asegurar la integridad de la edificación.
En esta Casa se hospedó el rey Felipe V, en 1703, en su desplazamiento hacia Portugal durante la Guerra de Sucesión.
Junta Electoral
Igualmente quedó aprobado un decreto por el que se nombra a los miembros de la Junta Electoral de Extremadura, que, según la Ley de Elecciones a la Asamblea de Extremadura, estará compuesta por cuatro vocales magistrados del Tribunal Superior de Justicia y por tres vocales catedráticos o profesores titulares de Derecho o Ciencias Políticas en activo de la Universidad de Extremadura o juristas de reconocido prestigio.
Los cuatro vocales magistrados del Tribunal Superior de Justicia son designados por sorteo efectuado ante el presidente de dicho tribunal, mientras que los tres vocales catedráticos o profesores titulares de Derecho o Ciencias Políticas en activo de la Universidad de Extremadura, o juristas de reconocido prestigio, son designados a propuesta conjunta de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea de Extremadura, o por designación de la Mesa en su defecto.
Así, el Consejo de Gobierno ha nombrado vocales de la Junta Electoral de Extremadura, designados por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, a Daniel Ruiz Ballesteros, Raimundo Prado Bernabéu, Elena C. Méndez Canseco y Alicia Cano Murillo.
Además, el Consejo de Gobierno ha nombrado vocales de la Junta Electoral de Extremadura, designados a propuesta de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, a María Esther Thomas Díaz, Antonio Abel Álvarez Germán y Francisco Lamoneda Díaz.
Transparencia y buen gobierno
La Junta ha autorizado la firma de un convenio entre el Consejo de la Transparencia y el Bueno Gobierno y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la resolución de reclamaciones en materia de acceso a la información pública.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo público independiente, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que se rige por lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, así como por las disposiciones que la desarrollan, y por su estatuto.
Mediante este convenio la Comunidad Autónoma de Extremadura cede al Consejo de la Transparencia y el Bueno Gobierno la competencia para gestionar las reclamaciones respecto de las resoluciones dictadas por su Administración propia y por las entidades locales incluidas en su ámbito territorial, así como por los organismos y entes vinculados o dependientes de ambas y por las entidades integradas en el sector público regional, local o municipal.
Extremadura hace uso de la facultad que le confiere la Ley para atribuir al Consejo el ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones en los supuestos de resoluciones dictadas por su Administración propia y las entidades integradas en el sector público de ésta, y por las entidades locales comprendidas en su ámbito territorial.