Según han confirmado fuentes de los gobiernos regionales, Castilla-La Mancha, Galicia y La Rioja han abonado el segundo cuarto de la extra en la nómina de octubre, mientras que la Comunidad de Madrid, Cantabria, Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana, Canarias y Extremadura se han comprometido a pagar este 26,2% antes de que finalice el año, y en el caso de Castilla y León, el acuerdo es la devolución del 50 por ciento de esta paga antes de finalizar 2015 y el resto hasta completar el 75,9% en la primavera de 2016.
Por parte de las ciudades autónomas, Ceuta fue la primera que hizo el segundo pago (el pasado 7 de octubre) y Melilla lo ha abonado en la nómina de este mes.
Los ritmos de las seis comunidades restantes varían ya que mientras la Junta de Andalucía y los sindicatos representados en la Mesa de la Función Pública han acordado pagar en enero de 2016 el primer 25 % de la extra, el gobierno asturiano ha condicionado el pago de la extra (19 millones) a la disponibilidad presupuestaria y ha pedido a Hacienda que dicha cantidad no compute en sus cuentas como deuda ni como déficit.
En un escenario de manifestaciones ante el Principado por parte de los funcionarios regionales, el Gobierno ha propuesto que las partes restantes de la extra se abonen en enero de 2016 y en el mismo mes de 2017, y en caso de no hacerse efectivo ese año, se prolongaría hasta 2018.
Cataluña tampoco ha puesto fecha a la devolución, aunque la Generalitat ha citado a los sindicatos de la Función Pública para el 6 de noviembre, si bien ha subrayado que la “intención” del Gobierno es devolver ese dinero.
En Murcia, el Gobierno ha tenido problemas en el Parlamento para sacar adelante su propuesta de techo de gasto, y ha advertido de la dificultad de cumplir los acuerdos con los sindicatos para el abono en 2016 del segundo cuarto de la extra, que supone un desembolso de 27 millones de euros.
En Aragón, la Mesa de la Función Pública de esta semana no ha alcanzado un acuerdo y la segunda Mesa no tiene, de momento, fecha de celebración.
Por su parte, el País Vasco no ha comprometido fechas pero ha explicado que sus funcionarios no han estado sin cobrar la paga porque se les fue adelantando el abono de la siguiente.
Los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F también han hecho seguimiento del abono de la extra en los funcionarios de la administración territorial con informes propios.
Así, CSI-F, en su estudio, ha hecho un seguimiento del pago no sólo de las administraciones autonómicas sino también de las locales y diputaciones.
Según este informe, los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel han acordado devolver el dinero en la nómina de octubre, al igual que los empleados del Ayuntamiento de Madrid que esta semana han cobrado el 26,2 % de la extra.
Diputaciones y ayuntamientos
En Extremadura, según CSI-F, muchos ayuntamientos y diputaciones se han comprometido a hacer el pago este año y algunos, incluso, lo hicieron el pasado septiembre.
Por su parte, en su informe, UGT señala que también han recuperado la extra los ayuntamientos de Valencia y Palma y se está negociando en una treintena de ayuntamientos baleares.
El responsable de la Función Pública de UGT, Juan Antonio Gilabert, ha lamentado la falta de diálogo y la “cicatería” de un Gobierno que en 2012 quitó por decreto la extra a los funcionarios por lo que ha insistido en que ahora deberían restituir a todo el mundo sus derechos.
Gilabert ha hecho hincapié en que la valoración de su sindicato es muy negativa por la forma en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha enfrentado los servicios públicos.
En la misma línea se ha expresado el responsable del área pública de CCOO, Francis Cabezos, quien ha señalado que sólo el 20 % de los funcionarios públicos, es decir, los que trabajan en la Administración General del Estado, tiene expectativa clara de cobrar la extra ya que, en su opinión, “el resto no tiene garantías claras”.
De los 2,5 millones de empleados públicos que hay en España, el 80 % pertenece a las administraciones autonómicas y locales, por lo que el cobro de la extra tiene que encajar en sus presupuestos y depende de sus disponibilidades presupuestarias, mientras que el 20 % restante, los funcionarios del Estado, lo tiene garantizado por decreto ley.