Es la primera vez que sucede. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012 obliga al Gobierno central, dentro del primer semestre del año, a enviar a las Cortes para su aprobación las grandes directrices económicas para redactar tanto los Presupuestos del Estado como los de las comunidades autónomas, pero Rajoy y sus departamentos de Economía y Hacienda se han negado alegando que son un gobierno provisional, en funciones.
La Junta de Extremadura considera esto un “bloqueo” a las administraciones que precisamente ejercen las competencias diarias más usadas por el ciudadano, como son la sanidad, política social o la educación, y ha decidido adelantarse al rumor de fondo autonómico general y consultar al Consejo de Estado si eso es legal, según decisión de elevación de consulta que ha tomado este martes el Consejo de Gobierno de la Junta.
“Como es una situación sin precedentes, habrá que aclararlo jurídicamente”, explica la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, que “no me atrevo a contestar” a la pregunta sobre las consecuencias que esta situación puede tener sobre la economía extremeña y los empleados públicos, por ejemplo.
Con las manos atadas
El Ejecutivo autonómico se considera “maniatado” por un Gobierno nacional que estaría usando este mecanismo, entre otros, para presionar al líder socialista Pedro Sánchez que se abstenga y permita la investidura presidencial de Mariano Rajoy.
En nombre de Extremadura, el presidente de la Junta Fernández Vara pregunta en el escrito al Consejo de Estado si, tal como describe la ley estatal de Gobierno, la elaboración de las directrices económicas presupuestarias es un asunto ordinario, y por tanto el Ejecutivo central en funciones debe despacharlo, o no.
“Estamos ante una situación nueva en la que habrá informes que digan una cosa y la contraria”, señala la portavoz Rosiña.
En su opinión lo que está haciendo Rajoy perjudica a las comunidades autónomas y en especial a las 14 a las que “el Ministerio de Hacienda indicó en julio pasado que fueran cerrando la ejecución de sus Presupuestos”.
El PP pide calma
Mientras esto se aclara, y el dictamen del Consejo de Estado se resuelve de forma “urgente”, el Ejecutivo extremeño quiere ir preparando los nuevos Presupuestos 2017, ya que los actuales los tuvo que negociar y aprobar apresuradamente en la primavera pasada con el concurso del PP.
Se abre por tanto un diálogo con la oposición, PP, Podemos y Cs, ya que “sabemos que somos un Gobierno en minoría parlamentaria”, añade Rosiña.
El PP extremeño condiciona la negociación al grado de cumplimiento de los acuerdos que se incluyeron en las cuentas de 2016 a propuesta suya, según el portavoz del grupo popular en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón. El PP se ratifica en su predisposición al diálogo, pero insiste en que “no se puede empezar la casa por el tejado”.
“El Partido Popular ha demostrado y seguirá demostrando predisposición al diálogo y al consenso”, indica en una nota, en la que añade que sin embargo antes de hablar de las cuentas de 2017 hay que analizar y evaluar “cuál es el resultado de los pactos que llevaron a la abstención que permitió la aprobación de los presupuestos de 2016”.
Si por la “mala gestión” de la Junta se ha tenido que anticipar el cierre de los presupuestos de 2016, el PP quiere saber exactamente cuáles son sus intenciones para desarrollar o no, ejecutar o no esas partidas de gasto a las que se comprometió con el Grupo Popular.
Por su parte el portavoz presupuestario del Grupo Socialista-SIEX, Jorge Amado, ha apelado a la responsabilidad, la capacidad de diálogo y la altura de miras del resto de fuerzas políticas para alcanzar unas cuentas “útiles”, que sirvan para resolver los problemas de los extremeños.