La Junta de Extremadura subirá algunos impuestos y prepara un Presupuesto 2016 que baja un 4,5%
Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura experimentarán una disminución de entre el 4 y el 5 por ciento y la Junta llevará a cabo una subida de impuestos dirigida a corregir las reformas tributarias llevadas a cabo por el anterior Gobierno regional de forma “oportunista y electoralista”.
Así lo ha anunciado esta tarde la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, para detallar las medidas contempladas en el borrador del Plan Económico Financiero que la Junta presentó anoche al Ministerio de Hacienda y a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal; previamente se lo ha explicado a los partidos políticos, sindicatos y empresarios.
Un plan al que está obligada por las malas cifras de déficit, deuda e incremento del gasto registradas el año pasado; el plan supondrá un ajuste que se prolongará tres años -2016, 2017 y 2018- hasta que Extremadura consiga equilibrar sus cuentas.
En las últimas semanas se han producido varios contactos entre el Ejecutivo regional y responsables del Ministerio de Cristóbal Montoro para ir perfilando este plan de ahorro y que pueda ser aprobado por el Gobierno central a la mayor brevedad, ya que de él depende la confección del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2016.
Por ello el Gobierno extremeño prevé que no podrá presentar el proyecto de cuentas regionales del año que viene hasta final de este mes, con un par de semanas de retraso respecto a lo habitual ya que el tope acostumbrado es el 15 de octubre.
Las cifras de ajuste del plan económico financiero están sin cerrar, pero la Hacienda regional arrastraba este año un déficit de 252 millones de euros a 30 de junio, de los que 200 son de la sanidad, y lo malo es que este último se repite cada ejercicio. “Cada año tenemos ese desfase, y es una deuda que se va arrastrando”, afirman fuentes sanitarias.
Las medidas de ahorro se han complicado por la parte fiscal, de los ingresos, ya que en febrero pasado el PP aprobó en la Asamblea de Extremadura, de acuerdo con dos diputados regionalistas (PSOE e IU votaron en contra), una Ley de Medidas Fiscales que rebaja la tributación autonómica en no menos de 50 millones de euros anuales; una medida que los socialistas tacharon de “electoralista” a tres meses de los comicios autonómicos.
Déficit al 2,6%
El propósito de la Junta de Extremadura es que acabe este año con un déficit del 2,5% o 2,6% sobre el PIB, es decir un desfase de 458 millones, ligeramente superior al del año pasado que fue el 2,51%, y para ello ha tenido que frenar los gastos y no hacer ninguno nuevo desde su toma de posesión en julio, ya que el ritmo del Gobierno anterior conducía a un 2,90% a final del ejercicio; en años posteriores, 2017 y 2018, se iría aminorando ese déficit hasta dejarlo en el último de ellos en unas décimas.
El ajuste para el año que viene será el más duro, con una reducción del Presupuesto autonómico respecto al de este año, salvo probablemente en Sanidad donde aumentará el dinero disponible, apuntan fuentes del Ejecutivo que no han querido revelar de cuánto es el ajuste.
La aplicación del plan económico financiero vía Presupuesto autonómico llevará a la redacción de una nueva ley de medidas fiscales que corrija parcialmente la rebaja de la de febrero de este año; los técnicos de la Hacienda autonómica están buscando resquicios para incrementar la recaudación pero de una forma selectiva en las rentas más altas, bajando por ejemplo los umbrales exentos en la declaración de Patrimonio.
Hay preocupación especial por el tema del gasto sanitario, que no deja de elevarse con medidas como las de los costosos tratamientos individualizados. En ese sentido el presidente Guillermo Fernández Vara lleva tiempo insistiendo en que, a escala nacional y con responsabilidad política compartida por comunidades autónomas y Gobierno central, hay que hacer un pacto para poner un tope en el gasto sanitario ligado al PIB; una propuesta es que no supere el 7% de la renta nacional.
Canon del agua
En el pleno de la Asamblea de Extremadura que se celebra hoy en Mérida se discutirá una propuesta de Ciudadanos que pide entre otras cosas la eliminación del canon del agua, uno de los tributos que el PSOE propone modificar –de momento no lo va a quitar porque hace falta el dinero-, a base de “minorarlo” según su diputado José Amado y sobre todo hacerlo más progresivo haciendo depender su importe de la renta económica del usuario y de su consumo; estarán exentas las personas en riesgo de exclusión social.
El PP, que hace unos meses cuando gobernaba redujo su importe y prometió quitarlo si la situación económica mejoraba, coincide en esto último con los socialistas según las explicaciones de ayer de Amado: “Vamos a suprimir el canon del agua pero cuando arreglemos el desaguisado económico que han dejado, Monago ha dejado Extremadura como un erial y en libertad vigilada, al borde de la intervención”.
El tributo ha proporcionado a la Hacienda regional 102 millones de euros desde que se creó en 2012, sin que haya evitado recortes sociales, reprocha el diputado socialista.
