Este órgano, del que forman parte representantes de la Junta, diputaciones provinciales, FEMPEX, ayuntamientos de ciudades con más de 20.000 habitantes y la Delegación del Gobierno, ha analizado el decreto por el que se regulan la jornada y los horarios de trabajo, así como los permisos y las vacaciones del personal funcionario al servicio de la Administración la Comunidad Autónoma.
Según el Ejecutivo, se tomaría como referencia el Real Decreto Ley 10/2015 de 11 de Septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.
Con la modificación se pretende homologar el régimen de permisos y vacaciones de los empleados públicos de la Junta de Extremadura con los de la Administración General del Estado, al incrementar los días de permiso por asuntos particulares y de vacaciones en función de los años de servicio.
Así, los funcionarios tendrían derecho a disfrutar un día adicional de vacaciones a los veintidós ya reconocidos conforme a una escala en la que a los 15 años de servicio le corresponderían veintitrés días hábiles; a 20 años, veinticuatro días; a veinticinco años, veinticinco días; y a treinta o más años de servicio veintiséis días hábiles.
Asuntos particulares
En cuanto a los cambios en el número de días de asuntos particulares, los funcionarios pasarían a disfrutar de tres a seis días y, al cumplir el sexto trienio, podrán disfrutar de dos días adicionales.
A partir del octavo trienio se añadiría un día más por cada trienio de servicios efectivos.
Respecto a otros asuntos, en la comisión se ha informado de la convocatoria, en próximas fechas, de la Mesa General de Negociación de la Administración para la puesta en marcha de un nuevo contrato de conciliación que contribuya a una mejor adaptación de los horarios a las necesidades personales y familiares de los empleados públicos, impulsando asimismo la realización de parte de la jornada a través de teletrabajo.
Además, se abordará un modelo de prestación para los empleados públicos más flexible y que facilite pactar con la administración la reducción de la jornada laboral