Hosteleros acusados en el caso del ruido de La Madrila en Cáceres han reconocido haber sido denunciados por incumplir el horario de cierre pero han dicho desconocer las denuncias de los vecinos por los ruidos, que han achacado a las miles de personas que se concentraban en las calles y no en sus locales.
El Juzgado de lo Penal nº 3 de Cáceres ha acogido este lunes la tercera sesión del llamado “juicio del ruido”, en la que ha sido el turno de la declaración de varios de los 11 hosteleros encausados en este procedimiento y para los que la Fiscalía solicita tres años de prisión.
Uno de los que ha declarado ha sido el gerente del local “Sugar” durante los años 2007-2012, que ha indicado que contaba con una licencia de café-bar especial y que desde un primer momento tuvo un limitador de sonidos.
Se da la circunstancia de que este local había estado clausurado durante seis años por carecer supuestamente de licencia, algo que quedó demostrado en un proceso contencioso-administrativo y que obligó al Ayuntamiento a indemnizar a este empresario con 360.000 euros por daños.
Una vez solventado este proceso y pasada la inspección técnica al “Sugar” le fue concedida la licencia, por lo que ha manifestado el entonces gerente que “me extrañó tanto que en 2011 vinieran con un informe de medición de ruido a decirme que estaba incumpliendo la normativa”.
Hasta ese momento, ha asegurado, desconocía las quejas de los vecinos “y me hubiera gustado que me hubiese dicho algo”.
Su local era de cafés por las tardes, y ha achacado el ruido a las personas que se reunían en la calle y a junto a otros locales de los alrededores.
“Tal y como el SEPRONA hizo las mediciones en las casas de los vecinos, era imposible saber de qué local procedía el ruido”, asegura.
No recibía información
Por su parte, el responsable de la “Sala Barroco”, único local de los denunciados que continúa con su actividad, y presidente de la Asociación de Hosteleros de 2005 a 2011, ha indicado también que “no tenía conocimiento de las denuncias por ruido” y sí, en cambio, de las de incumplimiento de horario por las que ya fue juzgado en otro proceso y pagado la correspondiente multa.
Esas denuncias por horario de cierre le llegaban de la Junta de Extremadura y ha asegurado que “por parte del ayuntamiento nunca le ha llegado denuncias”.
El empresario ha relatado que para poder hacer el cambio de licencia a café-concierto realizó las obras que le solicitaba el Consistorio Municipal y que con anterioridad, para hacer conciertos, pedía un permiso especial a la Junta, que se los concedía.
Preguntado por la Fiscalía sobre la falta del informe de un estudio acústico, ha contestado que de eso se encargaba la empresa a la que contrató el proyecto de insonorización.
Heras y Jurado lo intentaron
En su testimonio también ha dejado constancia de sus reuniones con el ex edil y procesado Carlos Jurado, y ha dicho que tanto él como la ex alcaldesa Carmen Heras, también acusada en este proceso Carmen Heras, “fueron los únicos que hicieron algo por solucionar este problema con una normativa y con controles de la Policía Local”.
Asimismo, ha puesto en entredicho las mediciones del SEPRONA porque “tal y como las hicieron en casa de los vecinos es imposible saber de dónde venías el ruido cuando hay cinco mil personas en calle”.
El juicio continuará a lo largo de toda la semana con los testimonios de los once hosteleros procesados, a los que la acusación particular les pide además una indemnización de 297.000 euros por daños a los vecinos.