El Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura ha publicado este viernes su primer Plan de Igualdad, para hacer de ésta el eje principal de funcionamiento de la institución e integrar en su cultura la perspectiva de género de forma transversal, así como un Protocolo de prevención y actuación en casos de acoso sexual.
La cámara comenzó a trabajar en el mencionado plan en el año 2022, se elaboró en 2023 y debido a la convocatoria electoral del mismo año no se pudo aprobar hasta el pasado mes de septiembre por la Mesa del Parlamento regional.
Con una vigencia de cuatro años a partir de su publicación y sujeto a un proceso de mejora continua, incluye la auditoría retributiva entre hombres y mujeres, formación profesional y promociones de todas las personas trabajadoras.
Según informa la Asamblea en nota de prensa, este documento es clave para introducir, de forma efectiva, el principio de igualdad de género en todas las políticas que, en diversos niveles, desarrolla la institución y contempla una serie de acciones a realizar a razón de un diagnóstico previo.
Las características que rigen el Plan de Igualdad publicado este viernes son: transversalidad, documento activo y preventivo, colectivo e integrador, negociado, dinámico, sistemático-coherente, flexible y temporal.
El mismo ha sido apoyado por la Mesa de la Asamblea, a través de su Presidencia, junto con la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad desde el convencimiento de que la no discriminación, la igualdad y la conciliación de la vida familiar, laboral y personal permiten “valorar y optimizar las potencialidades y posibilidades de todo el capital humano a la vez que mejorar su calidad de vida, lo que redunda en el incremento de la productividad”.
El compromiso con la erradicación de las desigualdades que persisten entre mujeres y hombres es una de las prioridades de la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, cuyo trabajo ya valoró en el año 2018 el Instituto Europeo de la Igualdad de Género otorgándole a la Cámara extremeña un notable alto en la evaluación de su implementación de políticas de género.
En septiembre del 2023 Martín fue invitada a la reunión de expertos de este organismo europeo para abordar la puesta en marcha de la nueva herramienta “Planes de acción en materia de igualdad de género para los parlamentos”, un encuentro internacional al que solo fueron invitados dos parlamentos españoles.
El documento se aplica a la totalidad del personal de la Asamblea de Extremadura, con independencia de la relación contractual y las circunstancias profesionales y personales del mismo.
El Plan para la Igualdad persigue eliminar cualquier tipo de discriminación, directa o indirecta, en el acceso al empleo, la contratación, la formación, la promoción profesional o las retribuciones por razones de sexo. Además, actúa para prevenir y actuar con eficiencia en casos de acoso sexual o por razón de sexo, y velar por un uso incluso del lenguaje verbal visual en pro de ambos sexos, así como la utilización de un lenguaje no sexista.
De igual modo, prevé acciones para eliminar cualquier barrera de acceso por razón de sexo a puestos laborales en los que las mujeres estén infrarrepresentadas. El documento recoge el calendario de acciones a realizar e incluye el seguimiento, evaluación y revisión periódica de los objetivos planteados.
El Boletín Oficial de la Asamblea ha publicado también este viernes el Protocolo de prevención y actuación en casos de acoso sexual o por razón de sexo o moral o discriminatorio de la Cámara regional, para proteger a la persona trabajadora que sea víctima de dicha situación, adoptándose cuando sea preciso, las medidas cautelares necesarias para llevar a cabo dicha protección.
El mismo destaca que todo el personal de la Cámara tiene la responsabilidad de ayudar a garantizar un entorno laboral en el que resulte “inaceptable e indeseable” el acoso y apunta que en el caso de darse debe quedar garantizada la ayuda a la persona que lo sufra.
El protocolo tiene una vigencia de un año, considerándose renovado por periodos iguales si no hay petición expresa ni por parte de la entidad ni de la representación legal de las personas trabajadoras y contempla la creación de una Comisión de Investigación Permanente para la Prevención y el Tratamiento de los casos de acoso.