Izquierda Unida-Mérida ha manifestado que la propuesta del PSOE para la disminución de las tarifas a pagar por la utilización del Teatro Romano es injusta e incongruente con la realidad de la ciudad.
La propuesta del alcalde Rodríguez Osuna “tiene como propósito poner a disposición de los promotores del Stone & Music Festival los recursos públicos, esta vez a través de la disminución en su recaudación”.
“Debemos señalar”, sigue el comunicado de IU, “que los promotores de esta actividad ya han recibido otras ayudas, bien a través de subvención expresas a favor de la misma empresa en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, bien mediante el pago por parte del Ayuntamiento de Mérida de gastos asociados a la organización de estos conciertos.
Por otra parte, la propuesta del Gobierno municipal para bajar las tarifas a las empresas promotoras de conciertos, coincide con el anuncio por parte del mismo gobierno de la necesidad de aumentar los impuestos al conjunto de los vecinos de nuestra ciudad, debido a las dificultades del Ayuntamiento para pagar a los proveedores, a instancias requerimiento realizado por parte del Ministerio de Hacienda.
Así, la propuesta de Osuna viene a confirmar la pauta establecida en medidas anteriores, como son, la disminución de los principales impuestos municipales a favor de las grandes empresas, o las subvenciones dirigidos a los empresarios locales aprobadas de forma simultánea al momento en el que se disminuían los salarios de trabajadores por falta de fondos, tal y como en principio les ocurrió a los socorristas contratados en el verano de 2016 a través del Plan de Empleo Social.
El gobierno de Osuna ha elegido optar por el discurso articulado durante años desde la derecha neoliberal, en el que las mejora de las condiciones para las empresas se traduce en una mejora el conjunto de la población, a pesar de que la aplicación práctica de este discurso únicamente se ha manifestado en un progresivo aumento de la desigualdad a favor de las clases privilegiadas.
Finalmente, consideramos que comienza a ser necesario abrir un debate sobre el grado de explotación comercial de nuestro patrimonio y de su compatibilidad con el deber de conservación y mantenimiento del mismo, que entendemos debería ser la principal prioridad de los poderes públicos, y que no está exento de polémica, como mostró el cese del anterior director del Consorcio Monumental de la Ciudad de Mérida motivado por esta cuestión“.