La Junta de Extremadura ha estimado en 4.113 las plazas mínimas que debe aprobar en distintas convocatorias antes de que termine el año 2019, para cumplir con el compromiso pactado de reducir la temporalidad en la función pública extremeña en un ocho por ciento según lo previsto en la ley 3/2017, de 27 de junio de Presupuestos Generales del Estado
La directora general de Función Pública, María del Carmen Vicente, ha dado estos datos tras la reunión con los sindicatos en la Mesa General de Negociación de la Administración, a la que ha asistido la vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.
En esta reunión se han tratado los criterios generales de estabilización para reducir la temporalidad y se ha partido para ello de una primera cuantificación de plazas.
Esto implicaría la aprobación de “ofertas extraordinarias que se unirían a las ordinarias” en los distintos sectores de Educación, Sanidad y Administración General.
Según la estimación mínima de plazas realizada, más de 2.400 corresponderían al Servicio Extremeño de Salud (SES) y 927 a Educación, mientras que a la Administración General irían 206 más una cantidad adicional de 500, que corresponderían a las vacantes de indefinidos no fijos.
Estas convocatorias se irían realizando de forma paulatina para evitar efectos llamada o coincidir con los procesos simultáneos de otras comunidades autónomas.
Cinco años en total
El horizonte firmado por los sindicatos en la mesa estatal para llevar a cabo estos procesos de estabilización mediante la aprobación de esas ofertas extraordinarias es de tres años, por lo que todo el proceso, a juicio de María del Carmen Vicente, se puede dilatar en un plazo de unos cinco años.
El presidente regional de CSIF, Benito Román, calcula que para bajar de la tasa actual de temporalidad del 21 por ciento al ocho por ciento se necesitan 11.000 plazas, unas 4.000 de ellas en Educación, 5.000 en Sanidad y 2.000 en Administración General.
Por ello la cuantificación mínima hecha por la Junta de 4.113 es “totalmente insuficiente”.
Además según el dirigente de CSIF en los últimos años se han perdido 4.600 empleados públicos dependientes de la Junta de Extremadura, a la que ha instado a cumplir también su compromiso con respecto a la jornada de 35 horas o la descongelación de la carrera profesional para que los funcionarios extremeños recuperen los “derechos perdidos” en los años de la crisis.
Por parte de CCOO Francisco Jiménez ve “demasiado corta” la reunión para abordar un asunto de tanta transcendencia y ha pedido que se establezcan criterios claros en estos procesos.
Además que no considere la tasa de reposición como una limitación y que se aprovechen todas las opciones que permita la ley para aumentar al máximo el número de plazas que se van a convocar.
José Ignacio Luis Cansado, de UGT, apuesta también por que se amplíe la tasa de reposición para que se cree empleo neto, así como por el establecimiento de criterios de valoración y bases que sean homogéneas en los tres ámbitos: Educación, Sanidad y Administración General.