La Junta seguirá pagando a los ayuntamientos el IBI por los edificios sanitarios
La Junta de Extremadura ha renunciado a eximir a sus centros sanitarios –hospitales y centros de salud- de pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a los ayuntamientos, después de la protesta de algunos de ellos y especialmente Badajoz y Cáceres gobernados por el PP, pero también la del presidente socialista de la federación extremeña de municipios.
En principio pensaba ahorrarse esos 2,5 millones anuales, pero en aras al consenso con los ayuntamientos, y siendo conscientes de que su financiación está en apuros, el Gobierno regional ha eliminado ese apartado del proyecto de ley de medidas tributarias, patrimoniales, financieras y administrativas aprobado este martes por el Ejecutivo, y que se envía ahora a la Asamblea de Extremadura para su tramitación.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, responsable política del proyecto de ley, ha explicado que la exención del IBI para algunos centros sanitarios dado su carácter también docente –enseñanza y prácticas de medicina y enfermería- iba incluida inicialmente en el texto, y había recibido el visto bueno tanto del Consejo de Estado como de la Abogacía de la Junta o el Consejo Económico y Social de Extremadura, pero ante los reparos puestos por algunos ayuntamientos han decidido suprimirlo de la redacción final de la ley.
Debe 20 millones
Por tanto la Junta, además de continuar con esa carga tributaria, “va a pagar el IBI que debemos y que el Gobex dejó de pagar”. Actualmente la Hacienda autonómica debe a los ayuntamientos 20 millones de euros por ese concepto, y por ejemplo el Gobierno de Monago en sus cuatro años de mandato dejó de abonar al Ayuntamiento de Badajoz 4,7 millones, un municipio que con su alcalde Francisco Fragoso a la cabeza ha sido el principal opositor a la intención del Ejecutivo de Fernández Vara de eximirse del IBI.
La consejera Blanco-Morales no se ha querido referir a si se trata de un guiño al PP para facilitar la aprobación de la ley, pero los ha acusado de “vociferar, usar titulares fáciles y dejar facturas en los cajones”.
Por lo demás el proyecto de ley que inicia este martes su andadura contiene una recaudación adicional de impuestos para la Junta de nueve millones de euros anuales y la principal subida es el tributo de actos jurídicos documentados, necesario para cualquier compraventa, que recaudaría seis millones de euros más.
A la baja, por el contrario, va el canon domiciliario de agua, al declarar exentos los primeros 2.000 litros (dos metros cúbicos) de consumo, lo que ahorrará a los ciudadanos 1,5 millones.
Otros impuestos que se tocan al alza son los de la renta, patrimonio, donaciones, el juego, transporte de electricidad, y eliminación de residuos en vertedero; las tasas y precios públicos también se revisan ligeramente en 25.700 euros anuales más según la estimación.
