Una cadena de incumplimientos económicos por parte de las administraciones públicas españolas, con amenaza de multa por parte de la Comisión Europea, ha llevado al cierre parcial de los Presupuestos de España, Extremadura y Aragón antes del 1 de septiembre, y en la región el corte evitará gastar entre 20 y 25 millones de euros en partidas “no prioritarias” según la consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales.
Pero las grandes políticas sociales, o las contrataciones públicas en fase de licitación, quedan a salvo según explicación de la consejera este jueves en un pleno de la Asamblea de Extremadura, en el que la oposición ha quedado insatisfecha por la falta de detalle de en qué partidas previstas se va a producir el recorte.
La consejera alega que el cierre anticipado del Presupuesto extremeño el pasado 31 de agosto, algo más de un mes con antelación a lo que ha pasado los dos últimos años, es una exigencia primero de la Comisión Europea a España, ya que el conjunto de administraciones públicas españolas sigue rebasando el déficit tolerado, que luego el Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy ha trasladado a las comunidades autónomas.
Así el Presupuesto del Estado cerró su ejecución el pasado 16 de julio, el 22 de agosto lo decidió Aragón, y el 31 se produjo el de Extremadura; a pesar de que el Ministerio de Hacienda advirtió a las comunidades que si había multa europea cada uno pagaría su parte, otros gobierno regionales no han hecho caso.
A qué afecta
La decisión, según la normativa legal, afecta solo a partidas financiadas exclusivamente con fondos autonómicos, en este caso de la Junta de Extremadura.
El resto del Presupuesto sigue en ejecución, explica Pilar Blanco-Morales. Por ejemplo hasta el 31 de diciembre siguen abiertas las partidas para acogidas refugiados, hasta el 30 noviembre las necesarios para el funcionamiento ordinario de los servicios, en la misma fecha las subvenciones y transferencias del sector público relativas a coste de personal, y las ayudas al acceso a la educación; hasta 31 de diciembre permanecen abiertas las ayudas a la dependencia y renta básica.
Y además están exceptuadas del cierre todas las partidas de personal y endeudamiento, también la contratación pública que esté en fase de licitación, y los gastos que se financien o cofinancien con fondos europeos, del Estado, o cofinanciados con otras entidades públicas o privadas.
Este jueves acababa el plazo, y la Junta ha mandado a Madrid esa estimación de entre 20 y 25 millones que ya no se podrán gastar, y que tendrán un impacto positivo del 0,15% en el déficit permitido, un déficit por cierto que sigue fijado para todas las comunidades este año en el 0,3% ya que el 0,7% luego aprobado aún no ha completado su tramitación legal, pero en definitiva ni uno ni otro se van a poder cumplir por parte de Extremadura según ha advertido la consejera de Hacienda, que sigue pidiendo un distinto reparto de la carga entre el Estado y las regiones.
Plan de Ajuste, KO
La Comunidad, según el Gobierno central, ha incumplido además el Plan de Ajuste presentado, por lo que sigue expuesta a medidas coercitivas consistentes en recortes de fondos, y en segundo y último término a la intervención por parte del Estado.
En julio, por el contrario, se ha cumplido el plazo medio pago proveedores, gracias al dinero del Fondo de Liquidez Autonómico, un dato que aún no es oficial.
El déficit de Extremadura es estructural según la consejera de Hacienda, producto de una mala financiación autonómica; en 2014 fue de 425 millones de euros, y en 2015 de 491, y cuando la Junta “se financia con los proveedores, flaco favor hacemos a la economía”.
Gastos en sindicatos
Luis Hernández Carrón, portavoz del PP, ha señalado que con el nuevo gobierno regional socialista seguimos siendo “campeones del déficit”, critica que con el cierre presupuestario se dejarán de hacer licitaciones con fondos propios, y pregunta si las subvenciones a los sindicatos son gastos prioritarios que por tanto continuarán.
Para Jara Romero, de Podemos, desde que gobierna el PSOE en Extremadura no se ha notado mejoría en los recortes hechos por el anterior Gobex del PP. “El paro sigue subiendo, nosotros somos nuevos pero no ingenuos, y se sigue contratando a empresas de fuera como los comedores escolares”.
El cierre presupuestario parcial “no ayudará a combatir el déficit, solo lo dilata al año que viene”.
Valentín García (PSOE) lamenta que Rajoy “ha cerrado el grifo de las inversiones en los seis primeros meses” y le reclama que “no ponga el dogal a las comunidades, no las chantajee con eso; con no dar datos económicos, no dar licencia ambiental para la mina de Monesterio, o con poner chinas a la Plataforma Logística; está bloqueando Extremadura”.
Victoria Domínguez (Ciudadanos) lo que concluye es que con el cierre del Presupuesto habrá enmiendas de inversiones pactadas con la oposición que no se van a poder cumplir.
No más daño
De forma subsidiaria a ese debate presupuestario, el pleno ha aprobado con los votos de PSOE y Podemos, y en contra del PP, una reclamación al Gobierno nacional para que la clausura anticipada en julio del Presupuesto estatal no afecte a las inversiones y transferencias previstas a favor de Extremadura.
Jorge Amado, defensor de la propuesta por parte del PSOE, echa en cara a los populares la rebaja fiscal hecha por Rajoy con vistas a las elecciones generales de diciembre pasado, que consistió según él en perdonar 13.000 millones de euros a las grandes rentas y corporaciones, con la consecuencia de que ahora hay que aplicar recortes perjudiciales para las rentas medias y bajas.
Su compañero de partido Valentín García se pregunta con el continuo hachazo del Gobierno al fondo de pensiones, cómo se van a pagar a partir de septiembre de 2017.