“Ese es el acuerdo que queremos hacer plenamente efectivo y que llegue a toda la función pública de Extremadura”, ha subrayado la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, Pilar Blanco-Morales, tras la reunión que ha mantenido con representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F.
Para hacer efectivo este acuerdo hay distintos “instrumentos normativos” y se está trabajando “en el más rápido y el más seguro”, sobre todo, “el que garantice con absoluta legalidad y seguridad jurídica que se abonará la paga extra”.
Así, se está buscando “ese instrumento que permita la plena ejecución del acuerdo” y en cuanto se decida el procedimiento se conocerá “de inmediato”.
Además, ha resaltado que la Junta de Extremadura defenderá su compromiso con los empleados públicos y la voluntad de “llevarlo a la práctica” ante el Ministerio de Hacienda y el Gobierno central.
Sin sacrificios
Blanco-Morales ha indicado que explicarán lo que pretenden hacer y que ello no supone en ningún caso abandonar el cumplimiento de las obligaciones de la comunidad, pero cumplir con éstas en “unos plazos que sean razonables y sin sacrificios para nadie, en este caso, para la función pública”.
La búsqueda de este mecanismo que haga posible el pago de la extra responde a la “irresponsabilidad y deslealtad del PP que ha gobernado Extremadura en los últimos cuatro años y que ha apoyado la enmienda a la totalidad de Podemos”, lo que supuso la devolución a la Junta de los presupuestos para 2016.
Este hecho deja una “situación difícil” para hacer frente al compromiso socialista de recuperación de la paga extra pero desde el Ejecutivo extremeño se ha trasladado a los sindicatos que su compromiso es “firme” para que esa “irresponsabilidad” no la paguen los empleados públicos.