El Gobierno regional ha conseguido habilitar partidas económicas por un total de 5,4 millones de euros para pagar las rentas básicas concedidas y sin consignación presupuestaria, pero la cantidad es insuficiente.
Según datos oficiales no son 2.500 los expedientes de pago aprobados y sin dinero, sino que son ya 2.812, y los 5,4 millones conseguidos dan solo para pagar 1.700. “Estamos buscando dinero debajo de las piedras”, ha explicado el presidente Fernández Vara.
Organizaciones sociales como los Campamentos Dignidad, la Red de Solidaridad Popular, Plataforma de Parados y Paradas de Cáceres, o la de Afectados por las Hipotecas, están presionando al gobierno regional para que no olvide, y cumpla, los compromisos sociales que anunció en campaña electoral, y para ello se reunieron el 10 de julio con el presidente Fernández Vara, y el jueves pasado con el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, y sus directoras generales de Política Social, y Vivienda.
El consejero Vergeles y los movimientos sociales coinciden en que la renta básica de inserción está “colapsada”. Se sabe que hay 35.000 solicitudes presentadas pero que no se están pagando ni 5.000.
Burocracia para aburrir
Hay toda una maraña burocrática montada según los Campamentos Dignidad para aburrir a los solicitantes y no acabar pagando. La Administración autonómica, y viene de la reciente etapa del PP, se ha inventado varias categorías y clasificaciones para ir retrasando los expedientes, y lo último de hace escasos días es que hay que pedir por escrito que te informen por escrito del estado de tramitación de tu solicitud.
Según el artículo 35 de la Ley de Renta Básica, todo peticionario tiene derecho a que se le informe de ello y hasta ahora era automático; hace días se ha creado la norma de que primero hay que hacer una solicitud escrita para que, en el plazo de dos días hábiles, se reciba esa información.
En números redondos, y de las 35.000 solicitudes presentadas hasta el momento, 15.000 han sido aceptadas favorablemente; a su vez de estas últimas de las cuales 5.000 como máximo se estarían pagando (la actual Junta todavía no ha podido precisar el número), otras 7.200 estarían en trámite de fiscalización y pago, y 2.800 (2.812 número exacto) en tramitación contable que quiere decir que no había dinero para abonarlas.
La reclamación de los movimientos sociales es que la totalidad de esos 15.000 expedientes aprobados estén pagándose dentro de doce días, el 15 de agosto.
44,753 millones abonados
Hasta la fecha, y desde 2013 que se creó la renta básica en la región, la Junta ha pagado 44,753 millones de euros, y en teoría y según los presupuestos de estos tres años -2013, 2014 y 2015- habría otros 18,447 sin gastar. “Los movimientos sociales no vamos a consentir que los dineros destinados a cubrir necesidades básicas se evaporen o destinen a otros fines”, avisan.
Lo que no será posible será renovar el contrato de 115 trabajadores sociales que gestionaban desde los ayuntamientos y como refuerzo el aluvión de rentas, ya que se pagaban con un programa del fondo social europeo que se ha terminado.
Vivienda
En esta materia los movimientos sociales proponen a la Junta un impuesto a las viviendas en manos de los bancos y desocupadas, de 30.000 euros; que se paralicen los 1.300 expedientes que hay en marcha de desahucio en viviendas sociales, y que la Junta haga de intermediaria entre los vecinos de las corralas de Mérida y Almendralejo, y la Sareb que es la entidad financiera pública propietaria de esas viviendas abandonadas o sin acabar.