El alcalde de Almendralejo, José García Lobato (PP), ha dicho que está tranquilo tras poderse explicar el pasado martes ente el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, sobre el supuesto amaño de un contrato a la empresa Cofely, que se investiga en el caso Púnica
En sus primeras declaraciones públicas y a preguntas de los periodistas, tras su declaración ante el juez en calidad de investigado junto a dos ediles Luis Alfonso Merino y Carlos González Jariego, García Lobato ha explicado que ante su señoría “no se aportó nada más novedoso que lo que ocurrió”, en la misma línea que se hizo en enero del año pasado ante la Guardia Civil.
El primer edil ha asegurado que la relación del Consistorio de Almendralejo con Cofely, en el concurso de eficiencia energética del municipio, entra dentro del “tráfico normal que hay de comunicación con las empresas en multitud de concursos y en multitud de ayuntamientos”.
En su opinión, “lo normal es que las empresas vengan, hablen te propongan, te enseñen diferente documentación que han utilizado en otros municipios, en otros concursos”.
Según el alcalde popular, su único interés era “sacar un buen concurso para Almendralejo y proporcionarle la oportunidad de tener ahorros”, por lo que “ todo lo demás son suposiciones, acertar el futuro”.
Sobre las posibles contradicciones en las que habría entrado el alcalde y uno de sus concejales en las declaraciones ante García Castellón, según fuentes jurídicas, ha apuntado que “las contradicciones las determinará un juez”.
Se trata, ha dicho con respecto al caso Púnica, de “una causa muy grande”, en la que se está en fase de instrucción y hay varias piezas, para añadir que dentro de una de ellas la relación del Ayuntamiento con la empresa Cofely supone “lo más ínfimo e insignificante que hay”.
Almendralejo, limpio
El alcalde ha señalado que en la causa “en ningún momento Almendralejo sale”, ya que lo único es que la empresa se presentó al concurso de eficiencia energética del Ayuntamiento y “los comerciales hicieron lo que tenían que hacer, intentar posicionar su empresa dentro del concurso y de un marco legal”.
Asimismo ha insistido en que tiene “la tranquilidad de saber lo que he hecho”, por lo que su situación como investigado no le afecta a su vida particular ni a su gestión como alcalde.
“Y ahora a seguir haciendo la vida normal, es que no hay nada que uno pueda hacer”
Dimisión
PSOE y Podemos han exigido la dimisión del alcalde, mientras que el PP, que ha pedido respeto a “la presunción de inocencia”, ha criticado “la doble vara de medir” de los socialistas.
En pinchazos telefónicos realizados por la UCO se ponía de manifiesto que la empresa “habría intervenido en la redacción de los pliegos” del concurso público, si bien el alcalde apuntó que era algo que entraba en la dinámica normal del concurso en el que las empresas mandan el modelo de contratación que más les interesa, pero que son finalmente los técnicos los que elaboran los pliegos.
Esta última cuestión es, a juicio de los socialistas, “un escándalo”. “Es normal que se le den los pliego a las empresas” para la redacción de los mismos “y que los opositores tengan las preguntas”, ha dicho de forma irónica el portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE, Valentín García.
A su juicio, García Lobato ha perdido “la vergüenza política” y, “si le queda algo de decencia, debería abandonar su puesto”, en alusión a la Alcaldía de Almendralejo.
Por su parte, el presidente regional del PP, José Antonio Monago, ha pedido respeto a “la presunción de inocencia, pero para cualquier persona”, y ha criticado “la doble vara” de los socialistas en esta materia.
“Estoy esperando que Fernández Vara pida responsabilidades de altos cargos socialistas que han sido condenados a penas de cárcel”.
En este sentido, ha recordado que dos exconsejeras de Cultura del equipo de Fernández Vara en la legislatura 2007-2011 están “imputadas” por la gestión del Festival de Teatro de Mérida.
Desde Podemos, su diputado Daniel Hierro también ha pedido la dimisión de García Lobato por entender, a raíz de las investigaciones, que es “rotundo y claro” que el contrato estaba “amañado”.
En su opinión, la empresa Cofely conocía los pliegos antes de que saliera el concurso.