Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Cáceres han investigado a tres personas a las que acusa de un delito contra la fauna, `por caza furtiva, tras ser sorprendidas en dos fincas de Cáceres y Serradilla.
La primera de las actuaciones tuvo lugar el pasado 24 de diciembre, cuando agentes de la Unidad de Protección de la Naturaleza y efectivos del puesto de Torremocha (Cáceres) detectaron en una finca situada en el término municipal de Cáceres a dos personas que cazaban con galgos en un terreno declarado y debidamente señalizado como zona de caza limitada cerrada.
A pesar de los intentos de los cazadores en no ser identificados por los agentes fueron finalmente alcanzados y dirigidos al lugar donde habían estacionado su vehículo.
Tras las comprobaciones se puso de manifiesto que carecían de documentación habilitante para el ejercicio de la caza.
Por otra parte, el pasado mes de octubre, durante la celebración de una montería autorizada en un coto situado en el término municipal de Serradilla (Cáceres), se identificó a una persona que se encontraba ejerciendo la caza en línea de retranca fuera de la montería, ha informado también este jueves en nota de prensa la Guardia Civil.
El cazador fue sorprendido en un terreno cinegético distinto al autorizado para la realización de la montería con un arma semiautomática, una bala en la recámara y dos en el cargador.
La actuación concluyó el 29 de diciembre con la investigación penal del cazador, por un supuesto delito contra la fauna, por caza furtiva.
Entre las actuaciones desarrolladas por los agentes del Seprona, tanto para la protección de las poblaciones cinegéticas, como para la seguridad de los propios cazadores, se encuentra la prevención de las actuaciones ilícitas denominadas “retrancas”.
Consisten en aprovechar el movimiento de los especímenes que son abatidos en las fincas donde se celebran las monterías, para darles muerte desde fincas o zonas limítrofes a la mancha monteada, lo que supone un alto riesgo de accidente para los cazadores que se encuentran realizando su actividad de forma legal, ya que tienen a sus espaldas a otros sin control.
Las diligencias instruidas en ambas actuaciones han sido puestas a disposición de la correspondiente autoridad judicial.