Greenpeace ha hecho un mapa interactivo para quejarse a los ayuntamientos, 2016 en toda España, por cuyos términos pasarán cada año 40 convoyes de residuos radiactivos camino del cementerio nuclear (almacén temporal centralizado, ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) si finalmente se construye, ya que el Gobierno de Rajoy lo quiere pero el actual de Castilla-La Mancha lo repudia.
Según ese mapa, el combustible gastado de la central nuclear de Almaraz pasaría, camino de Cuenca, por los términos municipales de Saucedilla, Belvís de Monroy, Millanes, Navalmoral y Peraleda de la Mata.
Un informe de Greenpeace valora los diferentes riesgos a los que se enfrentarían localidades de seis comunidades autónomas en caso de construirse el llamado ‘basurero nuclear’. Son Castilla y León, Madrid, Valencia, Cataluña, Extremadura y Castilla-La Mancha.
Los posibles accidentes durante el transporte de residuos, el hecho de que sea “casi imposible” prevenir una evacuación y la invulnerabilidad de los contenedores son algunos de las contingencias que señala la organización ecologista.
6.700 son las toneladas de residuos nucleares que recogerá el Almacén Temporal Centralizado de residuos radiactivos, si se construye finalmente en la localidad conquense de Villar de Cañas.
Greenpeace ha hecho público un informe, ‘El viaje de los residuos nucleares al ATC. Un riesgo innecesario para 216 municipios’ en el que enumera una lista de posibles peligros que entrañaría la instalación para un altísimo número de localidades de esas seis comunidades. El informe se basa en las rutas propuestas por la Empresa Nacional de Residuos Radiaactivos hacia el llamado ‘basurero nuclear’. La organización afirma que las “irregularidades, incertidumbres y riesgos” que se asocian a la instalación son muchos y que el Consejo de Seguridad Nuclear ya ha tramitado el informe para la autorización previa para su emplazamiento, sin tener toda la información disponible.
Protestar desde el mapa
La organización ha facilitado un mapa interactivo para que los vecinos puedan consultar si su municipio sería vulnerable durante el traslado de los residuos nucleares. Entre los riesgos que señala la organización, se encuentran los posibles accidentes que se podrían provocar durante el transporte de residuos, algo “inherente” al transporte. En este sentido, señalan que en Estados Unidos hubo 58 accidentes entre los años 70’ y los 90’, mientras que en el Reino Unido el total ha ascendido a los 768 desde 1958. Greenpeace señala que, incluso aunque se tomen las medidas ante una emergencia radiológica, no siempre son suficientes porque la contaminación radiológica atiende a diversas circunstancias ambientales.
La organización señala también que los contendores en los que se transportarían los materiales no son invulnerables, ya que los requisitos que se siguen se han puesto en cuestión al no “reproducir de forma realista el escenario de un incendio prolongado”. Además, la prevención de un sistema de evacuación es “casi imposible”, al igual que la descontaminación para la población de las diferentes rutas. Por otro lado, el informe señala que mientras se transportan los residuos se irradia a muchas personas. Aunque las dosis son pequeñas, afectan a un gran número de personas, indica el informe.
Perjuicio económico
Finalmente, Greenpeace señala que el riesgo para la economía es una realidad, ya que la “mala reputación” que precede a la radiactividad puede provocar un deterioro de las propiedades inmobiliarias, así como un perjuicio al turismo, algo que ha sido estudiado en Estados Unidos. Ante esto, el informe señala que mientras se lucran las eléctricas, lo pagan los ciudadanos, ya que el coste de las instalaciones lo afronta la empresa pública Enresa. Además, señalan que el Tribunal de Cuentas español ya ha alertado de un déficit de casi 1.500 millones de años.
Greenpeace señala que si no se construye el ATC se ahorraría dinero, riesgos y también se podría encarar un plan de gestión de residuos radiactivos y un desmantelamiento nuclear “seguro y democrático”. Por esto, la organización en conjunto con la Plataforma en contra del Cementerio Nuclear en Cuenca y Ecologistas en Acción solicita finalmente la paralización inmediata de este proyecto. La organización propone una moratoria que paralice los premisos hasta que se actualice el Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos, se concluyan las evaluaciones de peticiones de información técnica de calidad que permita tomar decisiones relacionadas son la gestión de estos residuos. Finalmente, señalan que estas decisiones deben someterse a un proceso de participación pública.